Fiscales progresistas denuncian el retraso en la ejecución de la Ley del Menor

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha acordado en su XV congreso que se celebra en Ibiza denunciar la parálisis en la ejecución de la Ley Penal del Menor aprobada en enero pasado y que tiene que entrar en vigor en enero de 2001. Los fiscales progresistas consideran que la falta de dotación de medios, achacable al Gobierno, hará imposible la entrada en vigor de la ley, por lo que anuncian que de seguir así las cosas se verán obligados a solicitar una moratoria. El congreso de la Unión Progresista de Fiscales se clausura hoy con la asistencia del ministro de Justicia, Ángel Acebes, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.Los congresistas debatieron sobre la necesidad de reclamar una moratoria de otros seis meses para la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor, debido a que no se han iniciado ninguna de las medidas establecidas en la propia norma que incluyen una acomodación de plantillas, la reforma del estatuto del Ministerio fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear juzgados y salas de menores. Pero incluso más importante, según los fiscales, es que no se ha realizado una memoria económica para valorar el coste de las infraestructuras que tienen que crear las comunidades autónomas para que el Gobierno pueda transferir las dotaciones correspondientes.

Finalmente, se llegó al acuerdo de denunciar la pasividad del Ejecutivo pues los fiscales progresistas no quieren tener que solicitar penas para chicos de 16 y 17 años en aplicación del Código Penal cuando existe ya una ley más favorable y porque consideran que, de entrar en vigor la ley tal y como está, será un fracaso seguro.

La Unión Progresista de Fiscales ha instado también a que en la norma que desarrolle la ley se recojan las particularidades territoriales, esto es, los problemas específicos de las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla y el País Vasco. Los fiscales progresistas han creado una Comisión de Menores para realizar el seguimiento de la puesta en funcionamiento de la ley. Está previsto que hoy se voten los criterios que la UPF cree prioritarios para la declaración de fiscal especialista en menores, tal y como lo contempla la ley.