El Gobierno insiste en que reformará "tan pronto como pueda" la Ley de Extranjería

El Gobierno reformará la Ley de Extranjería "tan pronto como pueda", insistió ayer el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, que, no obstante, matizó que en la búsqueda del máximo consenso posible con los restantes partidos no habrá condicionamiento previo de fechas. A su vez, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, apuntó que el cambio será "más de formas que de fondo". La Guardia Civil detuvo ayer a otros 21 sin papeles en la zona costera de Barbate (Cádiz), entre ellos un menor y dos mujeres.

Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC), los propios socios parlamentarios del PP, se unieron el miércoles al PSOE e Izquierda Unida (IU) en su advertencia al nuevo Gobierno de José María Aznar, ahora con mayoría absoluta, de que sus prisas respecto a la modificación de la Ley de Extranjería no son precisamente buenas para la consecución de un acuerdo. En ese sentido, los portavoces de las cuatro formaciones coincidieron en subrayar que los cambios que el Ejecutivo pretende introducir en ella para endurecerla no se podrán afrontar en el actual periodo de sesiones, que concluye en junio, por falta de tiempo.Ante esta postura, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, reiteró ayer en una conferencia de prensa en el Congreso -tras entrevistarse con su presidenta, Luisa Fernanda Rudi- que la Ley aprobada a finales de la pasada legislatura es "una mala Ley" y que, además, se hizo "contra el grupo mayoritario [el PP] de la Cámara". En consecuencia, insistió, el Gobierno pretende modificar algunos de sus aspectos "tan pronto como pueda, con la mayor celeridad posible". Eso sí, en su intento de alcanzar el máximo consenso posible con los demás partidos, matizó, no planteará ningún condicionamiento previo de fechas.

Según Rajoy, el asunto de la inmigración va a ser "el más importante de los próximos años" no sólo en España, sino también en toda la Unión Europea. En consecuencia, apeló a la responsabilidad de todos para encararlo de forma razonable, "sin hacer demagogias".

Su impresión, dijo, es que algunos grupos apoyaron el texto vigente, que data de diciembre pasado, con la exclusiva finalidad de poner "chinitas" al Ejecutivo o como "un supuesto castigo con vistas a las elecciones" que se avecinaban y que, en realidad, no están conformes con el mismo. También duda, añadió, de que CiU condicione su posición a que el PP y el PSOE lleguen a un pacto concreto, ya que eso sería como admitir que los nacionalistas catalanes carecen de criterio.

Labor de Fernández Miranda

A su vez, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, indicó que la reforma de la Ley que el Gobierno se propone llevar a cabo "será más en el plano de las formas que en el del fondo" y, por supuesto, "siempre desde el diálogo" con las demás fuerzas políticas.

Previsiblemente, el Consejo de Ministros nombrará hoy a Enrique Fernández Miranda delegado del Gobierno -con rango de secretario de Estado- para la Inmigración y, recalcó Aparicio, será, pues, el ex vicepresidente primero de la Cámara Baja el encargado de confeccionar "de manera inteligente" el calendario relativo a la modificación, "cuanto antes mejor", de la Ley.

La mencionada Delegación es un organismo de nueva creación, dependiente del Ministerio del Interior, para coordinar la política del Ejecutivo respecto a los extranjeros, que hasta ahora se hallaba algo dispersa entre varios departamentos, como el citado de Interior y los de Trabajo y Asuntos Sociales.

Mientras tanto, los sin papeles procedentes del norte de África siguen tratando de entrar en la Península. En la madrugada de ayer, en una zona costera entre Barbate y Zahara de los Atunes (Cádiz) denominada Arroyo Concho, efectivos de la Guardia Civil detuvieron a otros 21 que habían cruzado el estrecho de Gibraltar a bordo de una patera. Entre ellos se encontraban dos mujeres y un menor.

La propia Guardia Civil también interceptó ayer en el Campo de Gibraltar a otros cuatro indocumentados y arrestó al conductor del coche en el que viajaba uno de ellos por un presunto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.