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Rajoy rechaza supeditar la elección del Defensor al pacto sobre otros cargos

Luis R. Aizpeolea

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, replicó ayer al PSOE que no tiene sentido atrasar el nombramiento del Defensor del Pueblo porque no haya consenso sobre el resto de los cargos institucionales. "Si hay consenso sobre la figura de Enrique Múgica, debemos hacerlo ya", dijo Rajoy. Confirmó también que todos los cargos institucionales deberán someterse previamente a examen en el Parlamento.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestó ayer, tras entrevistarse con la presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi, que los grupos parlamentarios deben ponerse de acuerdo "con la mayor celeridad posible" sobre la figura del Defensor del Pueblo. El PP ha propuesto que sea el diputado socialista Enrique Múgica."Si hay consenso, debemos hacerlo ya y no condicionarlo a futuros nombramientos de todas las personas que deben ocupar responsabilidades institucionales", dijo Rajoy en alusión al PSOE. El vicepresidente primero del Gobierno argumentó que la la figura del Defensor del Pueblo permanece vacante mucho tiempo, seis meses, desde que el pasado noviembre dimitió Fernando Álvarez de Miranda por cubrir su mandato. Le sustituyó en funciones su adjunto, Juan Rovira.

La dirección provisional socialista condicionó días atrás la aceptación del nombramiento de Enrique Múgica a la negociación y consenso con el PP de otros cargos institucionales como los miembros del Consejo General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central o el Consejo de Administración de RTVE. Múgica "está disponible" para el cargo. Ayer, en unas declaraciones en CNN+, ya adelantó que si resulta nombrado Defensor del Pueblo "nunca" pedirá el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco salvo que abandonen "sus ideas".

"Está bien acercar a las cárceles del País Vasco presos etarras que quieran reinsertarse y abandonar la violencia, pero si no abandonan sus ideas, nunca lo haré", dijo Múgica, del que el Gobierno del PP reconoce su "firmeza" ante el terrorismo.

Rajoy también confirmó el cumplimiento de un compromiso electoral del PP: la disposición del Gobierno a que todos los candidatos a ocupar los citados puestos que deben ser nombrados por el Parlamento -como el Defensor del Pueblo, los miembros de la Junta Electoral Central o del Consejo General del Poder Judicial- comparezcan previamente ante el Parlamento.

El político gallego ratificó esta decisión tras la reunión, de una hora, que mantuvo con la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, en su despacho. El programa electoral del PP propone como fórmula un acuerdo entre todos los partidos parlamentarios para establecer la regulación de esas comparecencias.

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El vicepresidente primero del Ejecutivo quiere una aplicación inmediata del examen parlamentario previo de los altos cargos. Aclaró que en esta situación de provisionalidad previa a la elaboración de la norma había propuesto a la presidenta del Congreso que preparase una resolución de la presidencia de la Cámara baja que contara con el respaldo de los portavoces de todos los grupos.

Disponibilidad

Reiteró la disponibilidad del Gobierno a que todos los ministros comparezcan lo antes posible en el Parlamento para explicar su política. Fijó el plazo máximo de un mes para todas las comparecencias y adelantó que la primera será la suya como vicepresidente primero del Gobierno. El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Poasada, lo hará, como novedad, en el Senado.

Rajoy confirmó también que todos los secretarios de Estado dimitirán de su escaño en las Cortes, con la única excepción del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández.

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