Argote tiene 2.000 firmas para el indulto de los condenados por el 'caso Lasa-Zabala'
El abogado Jorge Argote aseguró ayer que ya se han recogido 2.000 firmas de apoyo a los condenados por el caso Lasa-Zabala y que, por tanto, el indulto que en su día se solicitará al Gobierno "está socialmente otorgado". El general Enrique Rodríguez Galindo; el exgobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga; el teniente coronel de la Guardia Civil Ángel Vaquero, y los guardias Felipe Bayo y Enrique Dorado han sido condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 67 y 71 años de cárcel por el secuestro y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Los tres primeros ingresaron anteayer en prisión provisional para iniciar el cumplimiento de la pena.Por su parte, Rodríguez Galindo ha renunciado al privilegio de ser recluido en un pabellón-celda al que por su rango tendría derecho, según informó su abogado José María Fuster-Fabra.
Galindo, por su condición de general de brigada, tiene derecho a un pabellón dentro del establecimiento penitenciario militar de Alcalá de Henares, si bien, al ser el único general preso en la actualidad tendría que estar solo. Por ello Galindo ha optado por permanecer junto a Ángel Vaquero.
Fuentes de la defensa informaron ayer que tienen previsto recurrir la decisión de la Audiencia Nacional que acordó el inmediato ingreso en prisión por entender que está poco fundamentada. Las citadas fuentes consideran que el Tribunal Constitucional establece que hay que tener en cuenta las circunstancias personales de cada procesado y que es evidente que en estos casos no existe riesgo de fuga, por lo que la gravedad de la pena impuesta no es suficiente, a su juicio, para justificar la prisión.
Por su parte, el abogado de las familias de Lasa y Zabala, Iñigo Iruin, declaró que "se está creando una jurisprudencia específica y particular para el terrorismo de Estado, con la finalidad de no tener que reconocer su existencia por parte de los tribunales". Aunque mostró su satisfacción parcial por la condena, dijo: "Nunca un tribunal ha dispuesto de tantas pruebas para poder afirmar que los GAL nacieron como fruto de una decisión política del PSOE".
Iruin denunció el "doble criterio" de la Audiencia Nacional a la hora de considerar o no la existencia de banda armada, según se trate de un caso de terrorismo de Estado o de violencia callejera.
