Una comisión parlamentaria de especialistas analizará el sistema universitario andaluz

La consejera de Educación, Cándida Martínez, anunció ayer la próxima formación de una comisión parlamentaria que analice el sistema universitario andaluz "para trazar nuevos horizontes los próximos cuatro años". Este grupo de trabajo estará formado por especialistas y por los sectores que conforman el consejo social académico. De esta forma, Andalucía tendrá su propio estudio Universidad 2000 que servirá de base para redactar el Libro Blanco universitario que recoja "lo positivo y los déficits".

Procedente del ámbito universitario, esta ha sido la primera medida que ha anunciado la nueva consejera de Educación, quien ayer hizo un repaso del espíritu y las ideas que animarán su gestión. El debate sobre la situación universitaria en la comunidad servirá de antesala para proponer medidas cuando se celebre un futuro congreso nacional sobre este asunto. "El Informe Bricall no contempla la financiación andaluza de las universidades", dijo. Martínez aseguró que toda la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes podrán expresar sus opiniones. Mañana mismo se reunirá con todos los rectores andaluces. Sobre la educación de niveles inferiores, Cándida Martínez quiere que las aulas formen en conocimientos, que se enseñe a aprender creando metodologías de análisis y conciencias críticas y que se eduque para la convivencia, una tarea, esta última, que "no sólo corresponde a la escuela, sino también a la familia, a los medios de comunicación".

Martínez cree "que estos últimos años ha habido un avance enorme en educación" y que habrá que continuar cuanto antes con la construcción y equipamientos de centros y la red informática. "Hay que ofrecer calidad en todos los niveles de la enseñanza", dijo, y puso como ejemplos el estudio de idiomas a partir de los tres años. Sobre esta etapa, informó de que una evaluación elaborada en la Consejería revela que los niños que se han escolarizado desde muy pequeños obtienen mejores resultados en su vida escolar posterior, por lo que completar la escolarización de tres años -la de cuatro y cinco años está finalizada- deberá ser una prioridad de su gestión.

Martínez habló de evaluarlo todo antes de lanzarse a proponer medidas, pero avanzó que la Ley de Solidaridad, que se firmó la pasada legislatura, tendrá una especial relevancia durante su mandato, "porque no puede haber calidad si no se hace un planteamiento igualitario" que equipare las posibilidades de los que menos recursos económicos tienen, de los que provienen del ámbito rural, de los alumnos con discapacidad.

Habló también la nueva consejera de la Formación Profesional, "que sigue considerada de segundo rango y tiene que adquirir reconocimiento social".

Sobre los interinos dijo que espera que la propuesta parlamentaria del grupo socialista se apruebe y pueda ser aceptada por la Administración central.

La próxima semana la consejera se entrevistará con la Codapa, pero también habló de una aproximación al profesorado "que está teniendo un papel central" y anunció medidas para apoyar al colectivo y dignificar su profesión.