El Gobierno navarro pide tres años de cárcel para las dos 'solidarias' juzgadas
El abogado que representa al Gobierno navarro pidió ayer tres años de cárcel para dos integrantes del colectivo Solidarios con Itoiz, que se autoinculparon del sabotaje de una treintena de máquinas usadas en la construcción de una carretera vinculada al polémico embalse. Esta acusación, la única que solicitó el ingreso en prisión de las imputadas, María Pilar Perona y Jaione Irisarri, estima que ambas cometieron un delito cualificado de daños porque su objetivo último era una "venganza" política.
La Fiscalía retiró su petición inicial de pena (18 meses de cárcel) tras escuchar los testimonios en el juicio desarrollado ayer en la Audiencia de Pamplona, y acabó solicitando una multa de 24 meses a razón de 2.000 pesetas diarias para cada acusada por un delito simple de daños. Idéntica pena exigió el abogado que representaba a las empresas saboteadas, indemnizaciones al margen.La acusación que representa al Ejecutivo foral, en cambio, estimó que la intención de ambas acusadas fue impedir el libre ejercicio de la autoridad, vengándose de su determinación de construir el pantano. Para el abogado del Gobierno navarro, las dos mujeres atentaron contra bienes de particulares que ese momento contribuían a ejecutar disposiciones generales del poder público, supuesto previsto en el artículo 264.1 del nuevo Código Penal, por lo que, al darse además una completa falta de arrepentimiento, debería imponérseles pena de prisión.
La madrugada del 22 de septiembre de 1998, varios desconocidos sabotearon 29 máquinas que construían la variante que une Aoiz con Nagore, una vía exigida por las inundaciones que acarreará el pantano. Los trabajos quedaron paralizados durante 38 días. Las dos inculpadas se presentaron horas después en el Juzgado de Guardia de Pamplona y confesaron ser la autoras del sabotaje. Según los afectados, el ataque causó daños directos por valor de 55,5 millones e indirectos por 360 millones más.
La defensa reiteró en la vista que los daños reales fueron mucho menores y no han quedado acreditados en la instrucción. Esta parte reconoció el delito de daños y pidió una multa de 200 pesetas diarias durante seis meses.
