Educación achaca a un error el anuncio de que concertaría toda la infantil privada. La oposición acusa a Tarancón de mentir y el STEPV dice que el problema es la "priorización" de la privada
La directora general de Centros Docentes, Concha Gómez, se refugió ayer en un equívoco terminológico para justificar la actitud del consejero de Educación, Manuel Tarancón, que admitió en una orden del seis de abril la "imposibilidad legal de usar la vía del concierto educativo" para la enseñanza infantil y el mismo día anunció ante la patronal de la enseñanza privada el concierto de la educación de alumnos menores de seis años.Gómez, en una comparecencia pública forzada por la necesidad de explicar la actitud contradictoria de Tarancón, trató de salir al paso de las críticas vertidas sobre el consejero señalando que el titular de Educación habló siempre, según la directora general, de "conciertos singulares" para referirse a las ayudas a la educación infantil, una expresión propia de la "jerga educativa" que, según la propia responsable de centros docentes, fue la que condujo al error al no ser comprendida. De esta forma, al hablar de conciertos especiales, el consejero no se refería, argumentó, a conciertos propiamente dichos, sino a subvenciones. No aclaró, sin embargo, si la "imposibilidad legal de los conciertos" a la que se refirió Tarancón afecta al anuncio lanzado por el consejero de sustituir los conciertos del régimen singular a general, que se comprometió a introducir el año 2004.
Gómez afirmo que estas subvenciones particulares implicarán por parte de Educación el pago delegado de las nóminas de los profesores y el pago directo de sus cuotas de la Seguridad Social, algo que, "siempre" se ha entendido como conciertos singulares, insistió. Será en el proyecto de ley de presupuestos del año próximo cuando se articule y se destinen fondos para sacar adelante esta medida.
La directora general de Centros Docentes señaló que la nueva línea de subvenciones abierta para la educación infantil y el programa de subvenciones que se ofertaba todos los años -al que corresponde la polémica orden del 6 de abril- coexistirán el próximo año. La primera se aplicará para los niños de cinco años y se extenderá progresivamente. La restante, sin pago delegado ni de Seguridad Social, se mantendrá el próximo curso para los alumnos de tres y cuatro años, y desaparecerá en la medida que avance la línea de subvenciones más completa.
La actitud de la consejería ha levantado las críticas de la oposición y de los sindicatos. El portavoz adjunto del grupo socialista, Baltasar Vives, aseguró que la orden que considera inviables los conciertos pone de manifiesto que el Gobierno valenciano es "mentiroso" ya que no sacará adelante el anuncio de concertar progresivamente la educación infantil a partir del año 2001, y en cambio les "concederá subvenciones a los centros privados" lo que implica que "les regalará dinero a cambio de nada".
El portavoz de educación del grupo parlamentario de Esquerra Unida, Ramón Cardona, se sumó a las críticas y señaló que "el posible aumento de ayudas" a la educación privada es la cuestión central. Ése es el verdadero problema, señaló, "sea vía concierto o subvención".
En esta línea se pronunció el STEPV, por boca de Vicent Mauri, quien señaló que el problema "no es que el concierto sea total o parcial sino que el Consell opte por priorizar las inversiones en la enseñanza privada cuando faltan medios en la pública". El sindicato destacó la falta de 400 unidades de tres años y que para el tramo hasta los tres años sólo existen 31 escuelas.
También se pronunció la patronal mayoritaria de la enseñanza concertada, Educación y Gestión, que defendió, en contra de la opinión de Tarancón, la legalidad "del concierto anunciado por el consejero" para la etapa infantil en el tramo de tres a seis años.
Por otra parte, CC OO se reunió con Tarancón para analizar aspectos relacionados con el Pacto por la Educación. En el encuentro el consejero se comprometió a introducir la educación de tres a seis años en todos los centros públicos el próximo curso, implicarse en la construcción efectiva de institutos de enseñanza secundaria y estudiar el decreto de admisión de alumnos, que permite a la patronal la selección del alumnado.
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