El PP de Elche tacha de "ilegal" a Pimesa e impugnará sus acuerdos

El portavoz del PP de Elche, Fernando Vargas, fue ayer materialmente expulsado del consejo de administración de Pimesa, empresa municipal encargada del desarrollo urbanístico de la ciudad, a cuya reunión se presentó por considerar "ilegal" el acuerdo de cese adoptado en abril, justificado en la "pérdida de confianza" en su persona. Vargas anunció que recurrirá a los tribunales la expulsión y que impugnará todos los acuerdos que adopte el consejo, dado que la representanción del PP ha quedado reducida a la mitad.

"El acuerdo de cese es ilegal, me considero representante de un grupo político y sigo perteneciendo al consejo", aseguró Fernando Vargas, ayer, después de que la junta de Pimesa le invitara a abandonar la reunión tras advertirle de que debía acatar la notificación de expulsión remitida por vía ejecutiva. Para el portavoz del PP, que se hizo acompañar de su abogada, la situación creada "atenta" contra el funcionamiento de la empresa municipal de desarrollo urbanístico, al quedar una plaza vacante que todavía no ha sido ocupada por un miembro designado por el PP.La abogada de Vargas, Concepción Birlanga, adelantó que presentará un recurso esta misma semana contra la expulsión, y que impugnará el acta de la junta del 25 de abril, al considerar que el argumento utilizado por el PSPV, -limitado a la "pérdida de confianza" en el portavoz popular-, no es causa legal suficiente para la expulsión. "Es normal que los socialistas no tengan confianza en Vargas, porque quien debe tenerla es su grupo", afirmó.

El PP recurrirá también las decisiones tomadas por el consejo de administración a partir de la expulsión de su portavoz, al no disponer el partido de su cuota de participación en Pimesa. Lo "procedente", según los populares, es que al mismo tiempo que se aprobó el cese de Vargas se debió proponer un sustituto.

Fernando Vargas incidió en la idea de que su cese constituye una "arbitrariedad absoluta", motivada por la "venganza" del alcalde, Diego Macià, ante la labor de oposición desarrollada por su partido. Vargas denunció que "no existe" ningún expediente que justifique su expulsión. "Si existiera algún documento lo aceptaría", aseguró.

El portavoz popular presentó el pasado 28 de marzo un acta notarial, fechada el día anterior, que recogía su baja en una empresa dedicada a actividades inmobiliarias, circunstancia que motivó la pérdida de confianza que esgrime el PSPV. Ante la duda de que Vargas hubiera incurrido en incompatibilidad durante siete meses -perio-do de tiempo en el que participó en el consejo de administración de Pimesa- los socialistas recurrieron a la pérdida de confianza. La decisión está respaldada por el hecho de que Vargas obvió detallar esa empresa en el registro patrimonial, obligado para los cargos públicos.