La limitación temporal de los mandatos políticos.

Una de las manifestaciones más evidentes de la mala fama de la actividad política en nuestro país es la viva simpatía con que suele acompañarse a quien decide retirarse de ella por propia voluntad y la alta ejemplaridad que se atribuye a quien declara que su permanencia en los cargos tendrá un límite temporal. Esa dosis añadida de honestidad que se presume en la acción de marcharse o de limitar el mandato no deja de significar también a contrario que quien se queda y pretende seguir ahí sin límite alguno está dominado por alguna oscura pasión o metido en asuntos poco transparentes. Como, por definición, el político es alguien de quien sospechar, aquel que se marcha deportivamente y porque sí se gana el favor popular por adelantado. La verdad es que el espectáculo patético de algunos pugnando cansinamente por estar ahí pase lo que pase tiene que despertar de modo casi natural un cierto desprecio popular. Una derrota electoral no es ningún problema insoluble, pero lo que puede producir un grave distanciamiento del votante es esa espesa actitud posterior de permanecer contra viento y marea como un grumo inútil pegado a la organización o al parlamento por razones personales. Esa viciosa compulsión es lo que sirve seguramente de trasfondo a los buenos ojos con que suele mirarse a quien se va. Una de las lecciones que tienen que aprender todavía los socialistas es que un partido en el que todos pugnen por permanecer a trancas y barrancas no volverá a ganar las elecciones. El espectáculo insólito de todos los dirigentes de estos años en la fila tercera o cuarta del hemiciclo, proyectando su sombra sobre la gente nueva, no hará sino despertar la conmiseración o la risa del electorado pero nunca le animará a votar.Esto, sin embargo, no significa necesariamente que quienes tanto ensalzan la limitación de los mandatos políticos o las actitudes dimisionarias tengan siempre razón. Como de costumbre, las ideas demasiado sencillas suelen ir escoltadas por complicacines inesperadas. La limitación temporal, que se ha sugerido muchas veces como un mecanismo para limpiar la política de malas adherencias, es una de esas ideas que pueden arrojar también resultados muy pobres o contratiempos no previstos. El argumento que suele aducirse en favor de esos límites hizo su apararición con mucha fuerza hace bastantes años, en las primeras discusiones sobre la reelección del presidente de los Estados Unidos. Las palabras de Tocqueville ahorran cualquier comentario: "La intriga y la corrupción son vicios naturales de los gobiernos electivos. Pero cuando el jefe del Estado puede ser reelegido, esos vicios se extienden indefinidamente y comprometen la existencia misma del país... Cuando el jefe del Estado mismo se lanza a la liza, usurpa para su propio uso la fuerza del gobierno... Es el Estado mismo el que intriga y corrompe... La atención del gobierno se vuelve para él secundaria porque el interés principal es su elección". El argumento es diáfano: si se otorga poder a cualquiera, la perspectiva de ser reelegido le inclinará a usar ese poder para controlar su reelección. Éste ha sido, en efecto, el principio que se ha impuesto en todos los regímenes presidencialistas. Y de él deriva la idea de limitar los mandatos políticos representativos.

Ahora bien, cuando se ha examinado críticamente la práctica de esa limitación han surgido algunos problemas que no se habían advertido a primera vista. Cuando nos las tenemos que ver con presidencias, liderazgos u otras magistraturas altas el primero y más importante de ellos es sin duda la dificultad de la designación del sucesor en el seno del propio partido. Siempre que hay un mandato limitado en el tiempo se ha de tener previsto un procedimiento para designar al sucesor de entre las filas del partido. Este procedimiento puede ser reglado y público, como las elecciones primarias en los EEUU, o puede ser opaco y arbitrario, como lo muestran los "tapados" y otros delfinatos políticos informales, pero lo que es inevitable es que la sucesión se ponga en marcha. Cuando la limitación temporal del mandato viene impuesta por la ley, las organizaciones políticas se ven obligadas a segregar los procedimientos y los lubricantes que hacen posible designar al sucesor sin grandes fricciones. Los problemas surgen cuando la limitación temporal es voluntaria, espontánea y no prevista o cuando la dimisión se produce extemporáneamente y sin motivación alguna aparente. Entonces se somete a la organización política a un ejercicio en el que antes o después aparecen las luchas de facciones. Cuando el partido está en minoría o es un mero aspirante incierto al gobierno las cosas no suelen pasar a mayores. Pero cuando el partido está gobernando ya con una clara mayoría el ejercicio en cuestión tiende a ser letal. En pocas cosas de la política puede hablarse de regularidades o leyes, pero me atrevería aquí a proponer algo parecido a una de ellas: mayoría absoluta más anuncio de retirada por parte del líder es igual a fraccionamiento del partido. El maestro Sartori vendría seguramente a darme la razón, pero me basta con apelar al sentido común. Si hay mayoría absoluta el programa, por razones obvias, no se discute. Lo único que se discute es quién ocupa los cargos. Pero los cargos suelen ser designados en una u otra proporción tanto por el líder como por la organización. Cuando el líder anuncia su marcha todo tiende a gravitar en torno a la organización, e inmediatamente todos avanzan sobre ella para intentar controlar sus decisiones en una pugna que es, en el más desnudo de los sentidos, una lucha por ocupar el poder sin mezcla de idea alguna. Cualquiera que haya mirado sin prejuicios la historia política de estos últimos años sabe que la sangría del PSOE empezó precisamente cuando, en cómoda mayoría absoluta, Felipe González dio en la peregrina idea de "abrir el melón sucesorio", como se dijo castizamente entonces. A partir de ahí empezó aquella cantinela de los "renovadores" y los "guerristas", un maquillaje ficticio que apenas si servía para tapar la médula del asunto: cuando el líder no esté, ¿qué va ser de nosotros? Pues bien, este error monumental, quizás el error más grande de una trayectoria política fecunda en aciertos, escindió dramáticamente a su partido hasta el día de hoy, y es el mismo que al parecer se propone cometer alegremente José María Aznar acunado por el arrullo de la difusa simpatía que despierta quien simula sentir desapego por el cargo. Si le dejan cometer ese error, cosa más que dudosa, ello será ocasión para contrastar si la ley antes formulada tiene fundamento. Pero las mordeduras dejadas ya en la piel de Ruiz-Gallardón por las pirañas mediáticas de su partido inclinan a suponer que sí lo tiene.

Por otra parte, parece comprobado ya que cuando se va aproximando el término del mandato, sea cual sea éste, la eficiencia de las decisiones políticas empieza a disminuir. Si las medidas que se pretenden impulsar se sitúan en el medio o largo plazo provocan el rechazo tácito de muchos, que sólo ven en ellas pretensiones de hipotecar el futuro. Además, las máquinas administrativas que ejecutan esas decisiones se ralentizan a la espera del nuevo reponsable. Pero en general no suele ser el caso porque cuando el mandato va hacia su final, la política se hace inmediatista y las decisiones adquieren el tono perentorio del día a día. Quienes blasonan de querer dejar los cargos establecen una paradógica urdimbre clientelar destinada a dejar colocados de por vida a colaboradores cercanos que suplican insistentemente por la permanencia de su jornal o por un beneficio alternativo. Y si la fecha límite se produce dentro de un ejercicio económico no agotado se exprime el presupuesto a disposición de cada cual en esas medidas pequeñas de alcance cotidiano. Sólo una alta condición moral determinaría a alguien dejar el presupuesto rebosante para que lo administre un sucesor incierto. Tal cosa, sin embargo, se da con poca frecuencia. En la política y fuera de la política.

Podrían mencionarse todavía algunas otras razones que militan en contra de la supuesta virtud de esa limitación temporal: que tiende a incentivar la corrupción, que fomenta el amateurismo político, que desalienta a los mejores o que crea tutelas inconvenientes. Todas ellas vendrían sólo a corroborar algo que debería estar claro hace tiempo: que el ajuste y la mejora de nuestras instituciones políticas ha de huir siempre de las recetas sumarias o de las complaciencias populistas.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.