Un edil de Alcalá denuncia amenazas por el derribo de una discoteca

El edil de Urbanismo de Alcalá, Javier Ocaña, denunció ayer en comisaría a uno de los responsables de la discoteca Radical, Alejandro Conde, quien supuestamente le amenazó de muerte tras un forcejeo verbal en su despacho del Ayuntamiento complutense. El edil había iniciado el día anterior el expediente de demolición de la discoteca, argumentando que, a pesar de llevar diez años funcionando, no tenía ningún tipo de licencia, ni podría obtenerla al estar radicada en suelo industrial.Tanto Ocaña como el alcalde complutense, Manuel Peinado (PSOE), insistieron ayer, durante una conferencia de prensa, en que los miembros del equipo de gobierno no aceptarán ninguna coacción a la hora de hacer cumplir la ley. Peinado añadió que pedirá ayuda al delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, para garantizar la seguridad del concejal amenazado, informa Europa Press.

Alejandro Conde, el presunto agresor, negó haber amenazado a nadie y anunció, a su vez, que presentará una querella criminal contra Ocaña por "prevaricación" al considerar que el edil de Urbanismo ha dictado la orden de demolición de la discoteca aun sabiendo que era injusta. Conde asegura que Radical cuenta con todas las licencias necesarias. "Llevamos 11 años desarrollando la actividad de salas de fiesta en Alcalá y no entendemos por qué el concejal dice esto ahora. Creemos que no se ha parado ni a mirar nuestro expediente", afirmó.

Obras de ampliación

Javier Ocaña explicó en la conferencia de prensa que el expediente de Radical ya era voluminoso cuando él se hizo cargo de la concejalía hace unas semanas, y que la actuación que ha desembocado en el expediente de demolición se inició a partir de la denuncia de unas obras de ampliación de la misma, firmada por 42 pequeños empresarios de la zona, el polígono industrial Jumapi, situado a las afueras de Alcalá, a la vera de la antigua nacional II.

La orden de demolición será firme tras su aprobación en comisión de gobierno el próximo 3 de mayo, y los propietarios del local dispondrán de 15 días para presentar alegaciones. Sin embargo, Alejandro Conde aseguró ayer que los responsables de Radical se han enterado "por la prensa" de esa decisión, y que, según su información, el Consistorio sólo había ordenado paralizar las obras de ampliación, pero no el derribo de la discoteca.

El gobierno municipal asegura que en Radical se han registrado numerosos episodios de violencia relacionados con el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas. Conde respondió recordando que había pedido ayuda a la policía alcalaína en varias ocasiones. "Por desgracia, algunas de las personas que acuden a nuestro local vienen armadas, a pesar de que tenemos un detector de metales en la puerta y de que el equipo de seguridad retira todas las navajas que detecta", dijo.