Médicos y responsables políticos defienden la existencia de narcosalas

Profesionales de la sanidad y responsables de distintas administraciones reconocieron ayer, en unas jornadas sobre reducción de daños en la drogadicción, la utilidad de las narcosalas para atajar las consecuencias sociosanitarias de las toxicomanías, al margen de si los afectados por ellas quieren o pueden abandonar su dependencia. Las jornadas pretenden crear un consenso entre administraciones, profesionales y ONG sobre las medidas que se debe aplicar para reducir el riesgo de los toxicómanos.

Imma Mayol, presidenta del Instituto Municipal de Salud Pública, explicó que el objetivo principal de las narcosalas es mejorar la salud física de los drogodependientes, y señaló la importancia de que las "respuestas asistenciales se adapten a las necesidades de las personas" sin exigir la previa decisión del drogadicto de salir de su adicción, que no siempre depende de su voluntad. Por su parte, Joan Colom, director del Órganismo Técnico de Drogodependencias y Sida de la Generalitat, explicó que se han puesto en marcha programas para enseñar a los drogadictos la forma de pincharse con el mínimo riesgo para la salud y destacó la importancia de estas "salas de inyección higiénica" porque permiten el contacto con los drogadictos para que tengan acceso al sistema sanitario. A pesar de que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona reconocieron la utilidad de las narcosalas, no quisieron concretar si Barcelona impulsará próximamente una iniciativa al respecto después de que la movilización de los vecinos y el desacuerdo entre ambas administraciones frenara el proyecto de instalación de uno de estos centros en Can Tunis, en el barrio de la Zona Franca. Francisco Parras, secretario del Plan Nacional sobre el Sida, del Ministerio de Sanidad, explicó que antes de acordar el establecimiento de más salas de inyección es necesario estudiar la experiencia de la narcosala instalada en la Comunidad de Madrid y pionera en España.

Las jornadas han sido organizadas por la asociación Igia, que ha elaborado un documento que pretende ser un marco de referencia sobre políticas de reducción de daños en España. El documento parte de la base de que la atención a los drogodependientes "debe trasladarse a su marco cotidiano, más que buscar que los usuarios se acerquen a los centros asistenciales", y recuerda que a pesar de que muchos de ellos no están en condiciones o no desean la abstinencia, se pueden reducir muchos de los riesgos a los que se ven sometidos, sobre todo el contagio del sida y de la hepatitis. Víctor Martí, presidente de Igia, alertó del riesgo de que los programas de reducción de daños, como el intercambio de jeringuillas o el suministro de metadona, se conviertan en medidas residuales dirigidas a los drogadictos más marginales y aclaró que la filosofía de fondo, tanto de las narcosalas como del resto de medidas, es aproximarse a todos los drogodependientes e integrarlos en la sociedad.

Colom volvió a anunciar que durante este año se pondrá en marcha un programa piloto de suministro de jeringuillas a presos toxicómanos. Sin embargo, fuentes de la Dirección General de Servicios Penitenciarios reconocieron que "el asunto está todavía en estudio".