Convivencia Cívica tacha de 'coacción' a la justicia el apoyo de alcaldes a la URV

Convivencia Cívica Catalana (CCC), plataforma liderada por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, afirmó ayer que el manifiesto suscrito por 141 alcaldes de Tarragona a favor del reglamento de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y de su rector, Lluís Arola, compromete seriamente la imagen de independencia del poder judicial y constituye un intento de coacción a éste. Los juzgados de lo contencioso administrativo suspendieron cautelarmente el reglamento lingüístico de la universidad y Arola está procesado por un delito de prevaricación por la sanción a una profesora que repartió exámenes en castellano en unas pruebas de selectividad.Los alcaldes tarraconenses sostienen, según se desprende del manifiesto leído el miércoles en Tarragona, que los dos procesos abiertos contra el reglamento de usos lingüísticos y el rector de la URV "evidencian la voluntad de frenar el proceso de normalización lingüística de Cataluña". CCC entiende que esta afirmación es signo de un escaso respeto al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución. La plataforma liderada por Vidal-Quadras asegura que, ante "el cúmulo de actuaciones de los poderes públicos que comprometen objetivamente la independencia judicial", acudirá al ministerio fiscal y a los órganos de gobierno del poder judicial para solicitar la garantía de la independencia de los jueces y tribunales en estos procesos.

CCC afirma que la lengua catalana no necesita para su defensa de "alcaldadas" que atenten contra "los derechos y libertades fundamentales". La plataforma califica el citado manifiesto de "pronunciamiento antidemocrático" y acusa a los alcaldes que lo suscribieron de vulnerar "los más básicos principios del Estado de derecho".

La junta de gobierno de la Universidad de Barcelona (UB), por su parte, expresó ayer su apoyo a la URV y a su política lingüística. Así, señala en un comunicado que la política lingüística de la URV no puede ser otra que la derivada del modelo constitucional vigente. También afirma que en el ámbito estrictamente universitario este modelo se traduce en un "respeto escrupuloso de los derechos lingüísticos individuales" y que la ley general de política lingüística ya prevé el derecho de alumnos y profesores a expresarse en la lengua oficial que prefieran.

Según la UB, "una eventual controversia no puede poner en duda todo un sistema de convivencia lingüística".