La gestión de la Fira se despolitizará y será asumida por un comité de empresarios
La Fira de Barcelona tendrá un comité ejecutivo formado por empresarios y sin cuotas políticas. Éste es uno de los principales aspectos del pacto institucional sobre la Fira de Barcelona que están ultimando la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio. El nuevo comité ejecutivo de la Fira será reducido y nombrará al director general, un cargo que ahora designa el Ayuntamiento. La presidencia del comité ejecutivo recae en el presidente de la Cámara de Comercio. Se busca que el cargo lo ocupe un empresario de amplio consenso.
El comité ejecutivo de la Fira de Barcelona será, en el nuevo escenario, el auténtico órgano de gestión del consorcio, señalan diversas fuentes consultadas. Este nuevo diseño implicará la salida de este órgano de los cargos políticos que ahora son miembros de la ejecutiva, como es el caso de los tenientes de alcalde Maravillas Rojo y Jordi Portabella por el Ayuntamiento de Barcelona, y los del director general de Comercio, Jaume Angerri, y el secretario general del Departamento de Industria, Pere Segarra, ambos en representación de la Generalitat, que participan con voz pero sin voto.La nueva ejecutiva no se limitará, como ocurre en la actualidad, a recibir los informes del director general, sino que deberá realizar el seguimiento del día a día y proponer los cambios de rumbo estratégico necesarios. El presidente del comité ejecutivo, Antoni Negre, que también lo es de la Cámara de Comercio, podría cesar de este cargo para facilitar la modificación estatutaria y la entrada de la Generalitat en la Fira. También se da por segura la salida del director general de la Fira, Adolf Cabruja. Negre y Cabruja han mantenido fuertes discrepancias en los últimos meses.
Los cambios de los órganos de gobierno de la Fira también afectarán al consejo general, que preside el alcalde de Barcelona, Joan Clos. Este órgano será el equivalente a la junta de accionistas de una empresa. El objetivo es que la Generalitat tenga voto en él junto al Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio, los tres a partes iguales. El alcalde de la ciudad está dispuesto a renunciar a la presidencia del consejo para facilitar la entrada de la Generalitat. El cargo podría ser rotatorio, según informan fuentes del Gobierno catalán.
La Generalitat y el Ayuntamiento han acercado mucho sus posturas respecto al diseño de la nueva Fira en los últimos días. La negociación culminará con la entrada de la Administración autonómica en el consorcio en calidad de socio con una aportación inicial de 3.000 millones de pesetas, que se destinarán a la compra de solares en el entorno del polígono Pedrosa de L'Hospitalet, donde la empresa Fira 2000 gestiona la ampliación de las instalaciones.
Partida en los presupuestos
La transformación de los órganos de gobierno de la Fira de Barcelona y la entrada de la Generalitat en el consorcio son dos hechos que han adquirido ya una dinámica prácticamente irreversible. Fuentes del Gobierno catalán reconocen que destinarán a la Fira una partida sin cuantificar en los presupuestos de este año, y el consejero de Economía, Artur Mas, daba por descontado el acuerdo al referirse ayer de forma explícita a la nueva línea de metro que llegará al paseo de la Zona Franca, muy cerca del recinto ferial.
La conexión por transporte público con el recinto de la Fira en el polígono de Pedrosa es uno de los últimos flecos que discuten las administraciones para sellar el acuerdo definitivo.
El recinto de la Fira tendrá una estación de metro en la esquina del paseo de la Zona Franca con la calle de Motores, junto a la que será la entrada principal del nuevo recinto cuando finalice la totalidad de la ampliación, que está prevista para antes del año 2005. La estación de metro pertenecerá a la línea 9, tal como ha proyectado la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM).
Artur Mas precisó ayer al respecto que los acuerdos de transporte relacionados con la Fira implican que la futura línea 9 del metro de Barcelona debe llegar tanto a la Zona Franca como a las instalaciones feriales de Pedrosa, pero no hacen referencia a la extensión de la misma línea hasta el aeropuerto, como reclama el Ayuntamiento.
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