EL 'CASO LASA Y ZABALA'

El PSOE cree que la sentencia exonera al Gobierno socialista

El acatamiento fue la primera y unánime reacción de todas las fuerzas políticas ante la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Lasa y Zabala. Pero las valoraciones fueron muy distintas. La comisión gestora del PSOE, que preside Manuel Chaves, difundió una declaración en la que afirma que la sentencia demuestra que la guerra sucia contra ETA "nunca fue propiciada ni asumida por el Gobierno de la nación". La nota fue cuestionada por el ex secretario de Estado Rafael Vera, absuelto por la Audiencia Nacional, que dijo sentirse "más cerca de los condenados" que del comunicado de su partido.

El hecho de que la sentencia atribuya el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala a una decisión personal de los máximos condenados -el general Enrique Rodríguez Galindo y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga-, excluya expresamente imputar a sus superiores jerárquicos y niegue la existencia de una banda armada, fue interpretado por el PSOE como una exoneración del Gobierno socialista. "Con esta sentencia", afirma la nota difundida por su comisión política, "el tribunal pone de manifiesto que las acciones que hayan podido desarrollarse en la lucha contra el terrorismo, al margen de la ley, nunca fueron ni propiciadas ni asumidas por el Gobierno de la Nación". En su comunicado, el PSOE "acata la sentencia, como no puede ser de otra manera", y condena "cualquier forma de lucha ilegal contra el terrorismo". Tras mostrar su reconocimiento a quienes han luchado contra la violencia terrorista, agrega que ésta "no justifica, ni ha justificado nunca", el empleo de métodos que vulneran el Estado de derecho.

Por último, el PSOE sostiene que la sentencia "pone fin a un periodo" de la historia reciente de España "en el que desde sectores políticos y mediáticos muy concretos se intentó instrumentalizar la acción de la justicia en beneficio de intereses puramente partidistas, saltándose incluso las reglas del juego democrático".

Rafael Vera, absuelto del delito de encubrimiento de los asesinatos de Lasa y Zabala, declaró anoche sentirse "muy dolido por las fuertísimas y terribles condenas que han caído sobre el resto de los procesados". "Me siento más cerca de ellos que del comunicado que el partido ha hecho hoy", subrayó.

Por su parte, el portavoz de IU, Francisco Frutos, declaró que la sentencia es "justa", pero "parcial". En su opinión, es "justa en lo que se enjuicia, la responsabilidad por secuestro y asesinato", pero parcial, porque deja "absolutamente al margen" las responsabilidades políticas derivadas de la creación de una banda armada sobre cuya existencia, negada por los jueces, no tiene ninguna duda.

Frutos lamentó que el tribunal no haya depurado todas las responsabilidades "hasta las últimas consecuencias", pues la guerra sucia "no se puede hacer con la ausencia de responsables políticos". Evitó, sin embargo, extenderse sobre este asunto alegando que IU se ha pronunciado repetidamente al respecto. "Tampoco queremos recurrir permanentemente a lo que ocurrió hace 15 años", zanjó.

"Convicción moral"

También la diputada de Eusko Alkartasuna (EA), Begoña Lasagabaster, dijo tener una "sensación agridulce". Aunque el tribunal ha impuesto fuertes condenas "a personas con importantes responsabilidades políticas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenemos la convicción moral de que hay muchos más responsables". Para Lasagabaster, el tribunal no ha podido llegar más lejos debido a "los palos en la rueda" y los continuos obstáculos a la instrucción que se han puesto desde los aparatos del Estado". "Hasta el punto que la sentencia condenatoria me atrevería a decir que ha sido una heroicidad", agregó.

Mucho más satisfecho se mostró el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, quien dijo que la sentencia "hace justicia" a lo sucedido con Lasa y Zabala. Anasagasti subrayó que la investigación de la Audiencia Nacional ha sido "muy solvente" y que el juicio se ha desarrollado "de manera muy equilibrada". Al final, agregó, "la justicia ha hablado" y la lección que debe extraerse de ello es que no se puede combatir a ETA con sus mismos métodos.

El Gobierno mantuvo ayer un mutismo absoluto en torno a la sentencia. Su portavoz en funciones, Josep Piqué, expresó su "máximo respeto" por la decisión de la Audiencia Nacional y agregó que, "como es habitual en estos casos", el Ejecutivo "no entra a valorar resoluciones judiciales". También el vicepresidente primero en funciones Francisco Álvarez-Cascos eludió pronunciarse sobre el fallo, alegando que la norma del Gobierno es "no hacer declaraciones" sobre las decisiones de los tribunales.

El portavoz de EH, Arnaldo Otegi, dijo que su formación "no está satisfecha" con la sentencia, porque rechaza condenar por el delito de banda armada y niega que se torturase a Lasa y Zabala. A su juicio, "es un cortafuegos con respecto a las responsabilidades políticas en torno a la guerra sucia".

Sólo la Asociación de Víctimas del Terrorismo sale en defensa de Galindo

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fue la única organización que salió ayer en defensa de los condenados por el caso Lasa y Zabala. Su portavoz, Paulino Baena, calificó la jornada de "triste", por la condena del general Enrique Rodríguez Galindo, "baluarte durante años de la lucha contra ETA" y se mostró confiado en que la sentencia condenatoria será corregida por el Supremo.Por el contrario, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, Fernando Mariño, expresó su satisfacción porque "se ha hecho justicia". En la misma línea, Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, destacó que gravísimas "violaciones de los derechos humanos no quedan impunes y quienes las cometen rinden cuentas ante la justicia".

La ex secretaria de Estado de Interior y magistrada de la Audiencia Nacional Margarita Robles, que impulsó la investigación inicial y ha declarado como testigo en el juicio, declaró a Europa Press que la sentencia "es un triunfo del Estado de Derecho". A su juicio, "no sería justo sacar consecuencias políticas" del fallo, y tampoco cabe generalizar al conjunto de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pues la mayoría de sus miembros son respetuosos con las leyes.

Ricardo Bodas, de la asociación Jueces para la Demoracia, dijo que se ha demostrado que los tribunales españoles están en condiciones de hacer justicia, mientras que José Luis Requero, de la Asociación Profesional de la Magistratura, pidió que no se hagan "lecturas políticas" de la sentencia.

Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, última víctima de los GAL, expresó su "decepción" porque el tribunal no haya condenado por pertenencia a banda armada. No apreciar ese delito podría hacer "más fácil" el indulto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 26 de abril de 2000.

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