El presidente del TSJ califica de "patética" la elevada presencia de magistrados sustitutos en los juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, no escondió ayer su preocupación por el progresivo aumento de magistrados sustitutos al frente de numerosos juzgados de la Comunidad Valenciana.De la Rúa llegó a calificar esta situación de "patética", por lo que, en consonancia con las reivindicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitó ayer la creación de más plazas para magistrados de carrera y el adelanto del ejercicio para los más de 200 jueces que, tras aprobar la preceptiva oposición, seguirán en periodo de formación hasta el año próximo. 38 juzgados de la Comunidad Valenciana, un 40% de los de primera instancia, estaban dirigidos por jueces sustitutos al finalizar 1999.

El presidente del TSJ, tal como hiciera su homólogo del CGPJ, calificó de verdadera "desertización judicial" la falta de jueces profesionales, uno de los problemas más graves que padece la administración de Justicia. De hecho, el notable número de juzgados sin titular redunda en la calidad y la rapidez de las resoluciones del poder judicial.

En la calidad, porque los sustitutos son licenciados en derecho -en su mayor parte, antiguos opositores a magistrado- que con independencia de su valía profesional (notable en muchos casos) no han superado el concurso que sí aprobaron sus compañeros de carrera. En rapidez, porque los jueces sustitutos están sometidos a frecuentes cambios de destino, por lo que difícilmente pueden llegar a conocer en profundidad los asuntos que tramitan o, simplemente, familiarizarse con los funcionarios de su juzgado u organizar la oficina judicial. Para paliar "uno de los singulares y más trascendentes problemas" de la Justicia valenciana, De la Rúa se unió a la petición del CGPJ. El presidente del TSJ considera imprescidible, como primer paso, acelerar la incorporación a la carrera de los jueces que continúan su formación en la Escuela Judicial.

El colapso que padece en la Comunidad Valenciana la jurisdicción contencioso-administrativa, la encargada de resolver los litigios contra la Administración, no ha desaparecido, pero sí ha sido mitigado por la creación de nuevos juzgados unipersonales y la adscripción de más magistrados a los tribunales de este orden.

Así lo subraya la memoria del año 1999 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El presidente de esta institución, Juan Luis de la Rúa, destacó ayer que, por primera vez, la imparable acumulación de casos por resolver (12.693 en 1994; 24.574 en 1998) ha sido invertida: el año pasado se cerró con 19.342 litigios pendientes, un 22% menos.

La reducción del atasco que padecían las tres secciones de lo contencioso-administrativo del alto tribunal se debe a dos razones. En primer lugar, por el menor número de casos que ha llegado hasta la sala -11.116 en 1998 y un 47,9% menos el año pasado, 5.837- y, en segundo, al aumento de la productividad del tribunal. Los magistrados de esta jurisdicción han dictado en 1999 un 27% de sentencias más que el año anterior, un incremento del número de resoluciones sin parangón en la última decada.

La mayor eficacia de la sala responde al trabajo de los jueces titulares o sustitutos que han reforzado el tribunal con objeto de acabar con el retraso que padecía. Por su parte, la aminoración del número de asuntos registrados ha sido consecuencia de la entrada en funcionamiento de 14 juzgados unipersonales (ocho en Valencia, cuatro en Alicante y dos en Castellón) de lo contencioso-administrativo, que han asumido gran parte de los casos que antes iban al TSJ.

El resultado de estas dos medidas ha sido evidente: los pleitos contra la administración por conflictos urbanísticos, tributarios o incluso laborales, por citar algunos ejemplos, se resolverán de manera mucho más rápida que hasta ahora, cuando cualquier litigio no finalizaba antes de año y medio. Es más, la memoria del TSJ señala que, de seguir la tendencia, la jurisdicción podría alcanzar la "normalidad" en un periodo de "cuatro a cinco años".

El resumen de la actividad del alto tribunal valenciano también advierte, en sintonía con la postura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de las dificultades que derivarán de la entrada en vigor de dos nuevas iniciativas: La Ley de Enjuiciamiento Civil y la Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. En ambos casos, augura de la Rúa, son necesarios nuevos juzgados y mejores infraestructuras para aplicar con correción la nueva legislación.