Condenados por estafar 105 millones los promotores de una cooperativa

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro meses de arresto mayor a Rafel G. Z., Félix Jorge C. O. y María Luisa Paloma G. M., los promotores de la cooperativa Avenida de los Ángeles de Getafe, por estafar 105 millones a 161 familias. Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los acusados impulsaron la cooperativa para utilizarla en su propio beneficio. Para ello, ocultaron a los clientes de la entidad que Rafael G. Z., arquitecto de las viviendas, era socio de las empresas a las que se compró el suelo de la cooperativa; que Félix Jorge. C. O. y María Luisa Paloma G. M. eran dueños de la empresa GESCASA S. A. , encargada de asesorar sobre la compra del terreno y seleccionar las compañías encargadas de realizar las obras; y que el presidente de la cooperativa dependía laboralmente de Félix Jorge C. O. Además, los promotores contrataron una auditoría externa que encargaron a Evaristo C. L., tío de Félix Jorge C. O., quien realizó un estudio falso que provocó que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas le incoara un expediente sancionador. "En las asambleas se esgrimía esa auditoría como garantía de la veracidad de las cuentas que se sometían a su consideración", explica el fallo judicial.

Amplios poderes

Los hechos se remontan al 23 de mayo de 1990, cuando la cooperativa fue inscrita en el correspondiente registro. "En la asamblea constituyente", explica la sentencia, "se designó presidente a Rafael G., a quien se le otorgaron amplios poderes para contratar las obras, aceptar presupuestos y firmar contratos en representación de la cooperativa, poderes de los que va a hacer uso al margen de la voluntad social y en perjuicio de los cooperativistas".

Rafael G. aprobó la compra de los terrenos del polígono de Joaztel de Getafe sobre los que se construirían los futuros ocho bloques de viviendas, todo ello bajo el asesoaramiento de GESCASA, cuya administradora era María Luisa Paloma. El suelo pertenecía a las empresas CGMSA y Trazos Inmobiliarios, de las que el propio presidente de la cooperativa era socio, así como los otros dos procesados. Igualmente, la compra de estos terrenos consistió en el suelo y su altura, pero en ningún caso en los sótanos, por lo que los garajes se cobraron de forma independiente a los propietarios de las viviendas, aunque su construcción se incluyó en los costes de la cooperativa.

No obstante, ante la intuición de que podía haber ciertas irregularidades en la contabilidad de la constructora, algunos cooperativistas se negaron a firmar las cuentas. Ello provocó demoras en la entrega de la viviendas, lo que los promotores utilizaron para coaccionarles para que firmaran, como recoge la sentencia. Además, los locales comerciales se vendieron sin que el fruto de esta operación repercutiera en la cooperativa.