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El Parlament nombrará al Consejo Audiovisual, pero a su presidente lo designará el Gobierno

La batalla para garantizar que el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sea independiente del Gobierno y los partidos duró ayer toda la jornada, pero al final se alcanzó un acuerdo que fue considerado aceptable por todos los grupos parlamentarios y el Gobierno. La fórmula que logró el consenso determina que el Parlament nombre a nueve integrantes del consejo, pero a cambio de reservar para el Gobierno el nombramiento del presidente, que pasaría a ser su décimo miembro. El Parlament debate hoy el proyecto de ley, que contará con el voto de toda la Cámara.

Durante la elaboración del proyecto de reforma del CAC ha habido un alto grado de coincidencia entre todos los grupos parlamentarios. Pero el del PSC-Ciutadans pel Canvi discrepó, a la hora de cerrar el proyecto, en un aspecto básico: la garantía de la independencia del futuro CAC respecto del Gobierno.La ponencia preveía que el Parlament nombrara a cinco de los nueve miembros del CAC y el Gobierno a cuatro, incluido el presidente. Pero como entre los cinco nombrados por el Parlament el grupo del Gobierno podía incluir por lo menos a uno, se garantizaba el control político del consejo.

Los socialistas rechazaron esta fórmula. Denunciaron que no ofrecía las garantías de independencia expresadas de palabra tanto por el ponente de CiU, el diputado Francesc Codina, como por el consejero de la Presidencia, Joaquim Triadú. Y presentaron tres votos particulares al proyecto.

Desde el viernes pasado, los ponentes de ERC e IC-V en este proyecto, los diputados Josep Bargalló y Dolors Comas, intentaron buscar una fórmula aceptable para el Gobierno y el PSC y entraron en negociaciones con el ponente del PSC. Josep Maria Carbonell; con el del PP, Ricard Fernández Déu, y con el Gobierno. Tras varias aproximaciones, anoche todas las partes aceptaron la siguiente fórmula: el Parlament elegirá a nueve miembros del CAC, propuestos por tres grupos parlamentarios, mediante una votación que deberá alcanzar los dos tercios de la Cámara. El presidente será nombrado por el Gobierno, oído el consejo, y pasará a ser su décimo integrante. La credibilidad de esta reforma depende en gran medida de que garantice el apartidismo y la independencia del CAC respecto del Gobierno. Su objetivo es superar el estadio de organismo carente de capacidad ejecutiva y convertirlo en la máxima autoridad en materia audiovisual, encargada de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito catalán.

Tendrá funciones tan importantes como velar por el pluralismo social y político y la neutralidad política de los medios públicos, y ejercer la capacidad sancionadora correspondiente a la Administración catalana.

La oposición no ha conseguido atribuir al CAC la facultad de conceder las frecuencias de radio y televisión, y ha tenido que conformarse en este aspecto con que el consejo emita informes previos a la adjudicación, que continuará en manos del Gobierno. Tampoco ha conseguido que entre las competencias del CAC figure el nombramiento del director general de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, el organismo que engloba a TV-3 y las emisoras de radio de la Generalitat.

El Parlament debatirá también hoy una proposición de ley para legalizar la eutanasia. Ha sido presentada por ERC y lo más probable es que no prospere porque tanto CiU como el PP han anunciado que votarán en contra de la toma en consideración del proyecto.

Pero el portavoz de CiU, Ramon Camp, anunció que su grupo propondrá a la Cámara la creación de una ponencia parlamentaria en la que se avance en la legislación del testamento vital, un documento en el que cualquier ciudadano puede determinar que no quiere ser mantenido con vida mediante métodos artificiales. Según Camp, la aprobación de esta medida supondría "un primer estadio" hacia la despenalización de la eutanasia, informa Europa Press.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de abril de 2000

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