Condena de 17 años de cárcel para Ricardo Guerra por el asesinato de Aitor Zabaleta

Es infrecuente que los tribunales establezcan el pago de una indemnización para la novia de la víctima de un crimen. En este caso, el magistrado presidente del tribunal, Rafael Mozo, sí ha estimado la petición del fiscal y de las acusaciones para que Ricardo Guerra indemnice con 10 millones de pesetas (el fiscal solicitó 12 durante el juicio) a Verónica Olivenza Luján, por el "daño moral" que se le ha causado. Aitor y Verónica, de 27 años, mantenían "desde hacía cinco años una relación de noviazgo", según la sentencia, y se habrían casado si no hubiese sido por la fatal cuchillada que le segó la vida el 8 de diciciembre de 1998 frente al estadio Vicente Calderón. Fuentes judiciales aclaran que la ley establece la posibilidad de indemnizar a una persona distinta de los herederos "por el daño moral o económico causado a raíz de un delito".

"La indemnización se suele otorgar a las personas que quieren a la víctima, algo que habitualmente coincide con las personas de los herederos", afirman los citados medios. Para el tribunal, "una prueba evidente" de la relación entre Aitor y Verónica es el hecho de que los padres de la víctima han admitido en el juicio que existía ese duradero noviazgo y que la chica "era acreedora" de una indemnización por el perjuicio que se ha causado a su vida.

La sentencia también establece que Guerra pague otros 20 millones de pesetas a los padres de Aitor. "Como consecuencia del delito", señala la sentencia, "los padres se han visto prematura y traumáticamente privados de la compañía y el afecto de su hijo". Aitor "tenía 29 años, se hallaba en edad laboral y convivía con sus padres", razona el juez.

Sin embargo, parece difícil que el condenado pueda hacer frente a estas cantidades, ya que el tribunal admite que se trata de una persona insolvente; es decir, que carece de medios económicos.

Los padres y la novia de Aitor habrían podido cobrar con seguridad esas indemmnizaciones si el tribunal, como solicitó en el juicio la abogada de la familia de la víctima, hubiese decretado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Pero no ha sido así.

Begoña Lalana, letrada de la familia de Aitor, argumentó en el juicio que si Guerra era declarado insolvente el Estado debía pagar las indemnizaciones que fijase el tribunal, ya que el procesado disfrutaba del tercer grado penitenciario cuando cometió el asesinato. Ese régimen permitía a Guerra salir durante el día a la calle e ir a la cárcel sólo para pernoctar. Guerra disfrutaba de esa semilibertad porque estaba a punto de cumplir una condena de dos años y cuatro meses por haber asestado una puñalada en 1996 a otro joven en una discoteca.

Javier Zabaleta, padre de Aitor, el seguidor de la Real Sociedad asesinado en Madrid, expresó ayer su satisfacción por los 17 años de cárcel impuestos al asesino de su hijo. Zabaleta, en declaraciones a Radio Euskadi, señaló que la familia no ha cerrado aún definitivamente la página del crimen de Aitor. "Hemos cerrado una página, pero hay otras muchas que tenemos que seguir abriendo y cerrando pausadamente", dijo. Se refería a que aún queda por celebrarse otro juicio contra los 12 miembros del grupo neonazi Bastión -incluido Ricardo Guerra- que supuestamente intervinieron en la agresión que sufrieron los seguidores de la Real Sociedad el día en que su hijo Aitor fue acuchillado. Javier Zabaleta se congratuló de "las conclusiones finales" del proceso contra Guerra, pero lamentó "los fallos de procedimiento que se cometieron en el sumario". "Al principio", dijo, "el sumario fue horroroso", aunque luego, aclaró, ha habido "un jurado que ha sido justo y que ha considerado que debe pedir que se les hagan diligencias aclaratorias" a tres amigos de Guerra.

Zabaleta aludió también a la amenazas de muerte que ha recibido por escrito su familia tras hacerse público, hace 24 días, el veredicto de culpabilidad del jurado contra Ricardo Guerra. Y, además, destacó que la sentencia contra Guerra es un aviso para "los neofascistas que andan libres por la calle".

"Un día importante"

En parecidos términos se expresó ayer Esteban Ibarra, portavoz del Movimiento contra la Intolerencia que ejerció la acusación popular. Ibarra sostiene que el fallo supone un avance contra la violencia urbana. "Es un día importante para toda la ciudadanía democrática", dijo, y aplaudió la decisión del juez de deducir testimonio contra tres amigos de Guerra por su supuesta participación en el asesinato como pidió el jurado. También recordó que aún debe celebrarse otro juicio en el que 12 miembros de Bastión serán juzgados, a petición de su organización, "por asociación ilícita" y desórdenes públicos. Se enfrentan a seis años de cárcel.

El abogado del Movimiento Contra la Intolerancia, Marcos Gómez de la Serna, reconoció, por su lado, que las pruebas para condenar a Ricardo Guerra no eran muchas, "pero sí suficientes", de ahí que la sentencia", dijo, "sea justa y ajustada a derecho".

Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de Ricardo Guerra, anunció ayer, por su parte, su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Madrid. Rodríguez Menéndez declaró que recurrirá la sentencia porque, a su juicio, "es absolutamente no ajustada a derecho, no tiene contenido y carece de rigor".