"Me produce pena cómo se instruyen las causas de accidentes laborales"

Teniente fiscal de la Audiencia de AlicantePregunta. Su memoria sobre accidentes laborales correspondiente a 1999 ha sido tomada como ejemplo a seguir por la Fiscalía General. ¿Cuáles son, en síntesis, sus propuestas?Respuesta. No me atrevería a decir en términos absolutos que el trabajo que ha realizado la Fiscalía de Alicante sirva de modelo para todas las fiscalías, pero sin duda alguna, es una aportación de cierta entidad que puede servir de punto de arranque. El objetivo es establecer las pautas y que el fiscal general del Estado ordene que se elabore una instrucción general para todos los fiscales de España que recoja los criterios generales de actuación en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores.

P. A su juicio, ¿cuáles han de ser esos criterios generales?

R. Primero elaborar una estadística judicial y fiscal de los accidentes laborales, ya que existe una gran discordancia entre las cifras oficiales de Trabajo y las que nosotros manejamos. Otra de las sugerencias, ya puesta en marcha en Alicante desde el año 1996, la creación de la figura del fiscal coordinador de delitos laborales, y si fuese posible, por el volumen de trabajo, en exclusividad. También es necesario la especialización por parte del fiscal coordinador en la materia laboral y potenciar la actuación extraprocesal del fiscal coordinador, es decir, que el fiscal tiene que mantener reuniones periódicas con los estamentos implicados. Otra de las sugerencias es un fiscal activo en la fase de instrucción. Hasta ahora el fiscal es un fiscal de mesa camilla, que espera cómodamente la llegada de los papeles. En este tipo de asuntos, si fuera posible, el fiscal tiene que estar presente desde que se produce el accidente a pie de obra, y desde el inicio de las diligencias hasta que se cierra la causa, extremo que, desgraciadamente no se hace. Y, por último, hay que actualizar la circular de 1991, que además está siendo parcialmente incumplida, con criterios claros, y a partir de ahí ya se puede empezar a trabajar.

P. La Fiscalía de Alicante ha dado un paso cualitativo en la lucha contra la siniestralidad laboral al aplicar el código penal en el caso de un accidente en una obra que costó la vida a un menor. ¿Se considera pionero en este terreno?

R. Yo siempre digo que soy un oscuro fiscal de provincias, pero sí me siento muy orgulloso de haber trabajo en este sentido. En el año 1984, con motivo del 4º Congreso de la Asociación Profesional de Fiscales, ya llamé la atención sobre el grave problema de los accidentes laborales, y tristemente se ha avanzado muy poco.

P. Los sindicatos consideran que la mayoría de los siniestros son susceptibles de ser perseguidos por la vía penal. ¿Por qué entonces la mayoría de los casos se tipifican como simples faltas?

R. Lo digo muy claramente: porque, desgraciadamente, ni jueces ni fiscales tenemos conciencia de este problema y no tenemos sensibilidad. La creencia general es que esto es una infracción administrativa, pero, en realidad, es un delito que está recogido en el Código Penal. Me produce pena cómo se instruyen las causas de accidentes laborales, de manera rutinaria. Hay una explicación técnica y es que generalmente los abogados defensores penalistas dicen que el derecho penal debe intervenir sólo en los casos más importantes, en aras del principio de la mínima intervención. Pero es un error. Ese principio se dirige al legislador y no al aplicador del derecho, o sea los jueces y fiscales. Entendido así el principio de la mínima intervención lo que hace es proteger a los poderosos en detrimento de los desfavorecidos.

P. ¿Los empresarios colaboran o aún no tienen conciencia del problema?

R. Sí. Recientemente hemos tenido una reunión con la cúpula de Coepa [patronal alicantina] y nos expresaron su interés por el problema y su disposición a colaborar.

P. ¿Los sindicatos podrían colaborar de otra forma, aparte de las denuncias?

R. Seguramente sí, a través de la figura de la acusación popular que hay que potenciar. Al fiscal no le ha de preocupar que exista un acusador popular que puede ser el representante de una central sindical. En esto hay ciertas reticencias sobre su legitimidad, pero no es así, están legitimadas, porque una de las funciones de los sindicatos es velar por la salud y seguridad de los trabajadores. Esta acción popular no se ejerce, porque se les exige la prestación de una fianza, lo que debería hacerse es suprimir esta fianza o dejarla en una cifra simbólica, porque no se trata de poner dificultades, sino de dar facilidades.

P. ¿Cuenta con los suficientes medios en la Fiscalía de Alicante para desarrollar su trabajo?

R. Los medios son manifiestamente insuficientes, pero no sólo en esta área. Necesitamos ampliar la plantilla de fiscales y de ser posible dedicar uno exclusivamente a los delitos laborales. Exigiéndole que estuviera presente en todas las declaraciones. En este tipo de asuntos, si fuera posible, el fiscal tiene que estar presente desde que se produce el accidente a pie de obra, y desde el inicio de las diligencias hasta que se cierra la causa. Causa en cuya instrucción no interviene el fiscal normalmente está condenada al fracaso, porque luego suelen desaparecer pruebas.

P. La afluencia masiva de inmigrantes está generando otro tipo de delito contra los trabajadores, la explotación de los sin papeles. ¿Está la Administración en general y la fiscalía en particular preparada para combatir este fenómeno?

R. También aquí existe un problema de medios. Esta cuestión actualmente es competencia del fiscal de extranjería. Pero una de mis propuestas es que ese fiscal coordinador aglutine todo lo relativo a los delitos contra los trabajadores, que también incluyen la explotación de los inmigrantes.