Su billete no sirve

Esta vez no han sido huelgas o retrasos la causa del calvario padecido por cientos de pasajeros de avión al inicio de un periodo vacacional. Ha sido el temido overbooking o la sobreventa de billetes, una práctica legal sobre la que el Ministerio de Fomento, del que depende AENA, nada puede hacer, según se apresuró a advertir su titular en funciones, Rafael Arias-Salgado. El caso es que muchos usuarios del transporte aéreo se han quedado en tierra, con graves trastornos para sus planes, porque las compañías decidieron poner a la venta más plazas de vuelo que las disponibles.Resulta difícil imaginar qué ocurriría si esa práctica se extendiera a otros servicios. Nadie se escandalizaría por calificarla de estafa o, cuando menos, de inmoralidad. Ante la indefensión de los usuarios, lo de menos es seguir los consejos de la UE y exigir indemnizaciones. La frustración de unas vacaciones malogradas es difícilmente reparable.

Los desplazamientos aéreos regulares en Europa han estado servidos generalmente por compañías de bandera, ligadas a monopolios nacionales con clientes cautivos. En los últimos tiempos, el transporte aéreo se ha masificado y, aunque comienza a abrirse a la competencia, el fenómeno de la sobreventa demuestra que ésta es todavía una ficción.

En Estados Unidos, el mercado por excelencia, las compañías refuerzan sus flotas cuando se avecina un pico de tráfico por vacaciones o puente. Y en caso de sobreventa, sus empleados requieren a pasajeros dispuestos a ceder su plaza a cambio de una indemnización satisfactoria. Las ofertas se hacen incluso dentro del propio avión y nadie protesta. Ante el problema, las compañías se adelantan a resolverlo y a satisfacer a sus clientes con unas vacaciones pagadas o la garantía de que saldrán en un próximo vuelo. Nunca se amparan en que la sobreventa es legal. No es de recibo hacerlo.

La primera obligación de una empresa de servicios es atender a sus clientes. Por mucho que la ley ampare una práctica extendida por una prepotencia histórica, es hora de que los consumidores, los responsables de la aviación y la propia Unión Europea fuercen su erradicación. Pero mejor sería que la iniciativa partiera de las propias compañías, sin escudarse en pretexto alguno.