El Constitucional pregunta a Liaño y al fiscal sobre el recurso del juez

Los tres magistrados de la Sección Primera del Tribunal Constitucional, a la que corresponde decidir sobre si se admite o no el recurso de amparo que interpuso el exjuez Javier Gómez de Liaño contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por prevaricación (dictar resolución injusta a sabiendas) en el caso Sogecable, dieron ayer un plazo de 10 días al interesado y al Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre la apreciación de que la demanda carece manifiestamente de contenido.Este trámite está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para cuando no exista unanimidad en la sección sobre la inadmisión del recurso, entre otros supuestos porque "la demanda carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte del Tribunal Constitucional".

Integran la mencionada sección Pedro Cruz Villalón, presidente del Tribunal, y los magistrados Pablo García Manzano y Fernando Garrido Falla, este último ponente. De haberse producido unanimidad, la inadmisión del recurso se habría resuelto mediante una providencia, recurrible por el Ministerio Fiscal.

En cambio, una vez que el fiscal y el recurrente en amparo se pronuncien sobre la carencia de contenido constitucional del recurso, la decisión de inadmitirlo, en su caso, revestirá la forma de auto, contra el que "no cabrá recurso alguno", según establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Firmas de adhesión

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha dado traslado al presidente de PRISA, Jesús de Polanco, de los 1.190 telegramas, cartas y firmas de adhesión al indulto del exjuez, en los que se basa el fiscal para sostener que existe un clamor popular en favor de la medida de gracia para el exmagistrado, informa Europa Press. El Supremo concede ahora cinco días de plazo a Polanco para que, una vez recibidos estos documentos, complete su informe sobre el caso, que era contrario a la concesión del indulto.