Ingresa en prisión el periodista de Tarragona acusado de amenazar por carta a empresarios

El corresponsal del diario Avui en Tarragona, Sergi Uzquiano, de 28 años, ingresó en la madrugada de ayer en la cárcel por decisión judicial acusado de haber enviado tres cartas amenazadoras a empresarios de la Costa Dorada en las que exigía el pago de 100 millones de pesetas para que no explotaran tres bombas colocadas en el parque de Port Aventura. Durante su declaración ante la juez, Uzquiano admitió el envío de los escritos, pero explicó que actuó así porque pretendía reactivar la investigación de unos hechos similares ocurridos hace un año.

La policía da muy poco crédito a las explicaciones de Sergi Uzquiano y entiende que el contenido de las cartas no se corresponde con la actividad periodística. Por ese motivo, las investigaciones se centran ahora en aclarar la relación de Uzquiano con un envío de escritos similares en la Semana Santa de 1999. Días después de trascender esas amenazas explotaron dos bombas en las playas de Salou que produjeron la muerte de un anciano e hirieron gravemente a un guardia civil. La juez Carmen Siles, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Tarragona, declaró desde el primer día el secreto del sumario, pero, pese a ello, trascendió ayer que en la orden de prisión se acusa al periodista, además del delito de amenazas, de asesinato, daños y lesiones.

Su compañera sentimental, detenida junto a él la noche del martes, fue puesta en libertad tras declarar ante la juez.

En las cartas enviadas los pasados días 30 y 31 de marzo a los patronatos de turismo de Tarragona, Salou y Cambrils, el remitente advierte de que, si no se le entregan los 100 millones reclamados, "el fracaso será pagado con un baño de sangre". Y añade: "Disfruté viendo cuán hábiles son limpiando arena", en alusión a los rastreos en las playas en busca de artefactos explosivos realizados por agentes especializados en 1999.

En las misivas se advierte de que el 16 de abril se activarían por control remoto tres explosivos en Port Aventura y, en tono amenazante, se precisa: "El mono dio paso al hombre y la pólvora a la glicerina. ¿Nos obligarán a hacer una demostración?".

Las cartas exigían la publicación, antes del día 9 de este mes, en un diario local de un anuncio con un teléfono móvil que sirviera para negociar el pago de los 100 millones. Los empresarios denunciaron a la policía las amenazas y se publicó el anuncio reclamado, pero sin cumplir otra de las condiciones exigidas: la inclusión de una foto de María Victoria Gómez Méndez, activista de los GRAPO que se halla huida. A las 3.30 del 5 de abril, según la versión policial, el periodista envió desde su ordenador un mensaje a ese teléfono móvil que rezaba: "Quiero ver mujer en minifalda con teléfono móvil en mano izquierda y bolso en mano derecha". Un minuto después envió otro mensaje: "Si huelo policía, nos cabreamos y un viejo nos sabe a poco. Desalojarán colegio público (sangre). ¿Quieren probar?".

Un rastreo de los servidores de Internet llevó a la policía hasta el ordenador del periodista, que fue vigilado desde ese momento. Al comprobar que el sospechoso estaba destruyendo posibles pruebas inculpatorias, la juez ordenó su detención y un registro en su domicilio. Posteriormente, se comprobó que una de las cartas enviadas tiene una huella de Uzquiano y que éste escribió a mano la dirección. Entre la documentación hallada también figura una carta en inglés y francés que supuestamente habría sido remitida a Port Aventura, de haberse realizado el pago, agradeciendo la colaboración prestada.