La acusación particular pide prisión o 100 millones de fianza para Pallerols

Fidel Pallerols, el empresario andorrano titular de las academias receptoras de subvenciones del Departamento de Trabajo para formar parados en cuya contabilidad aparecen supuestos pagos a Unió, compareció ayer ante el juez en una vista preliminar. La acusación particular pidió para el acusado prisión incondicional o una fianza de 100 millones de pesetas. Está previsto que el domingo se conozca la decisión del juez sobre las medidas solicitadas. El fiscal del caso no pudo asistir a la vista y, por tanto, no se pronunció al respecto. Pallerols, al que se imputan irregularidades en cursos de formación ocupacional, y la apoderada de los centros CEI, AND y TEO, Maria Creu Guerrero, comparecieron ayer ante el juez instructor del caso, Josep Niubó, para celebrar una vista preliminar de petición de medidas cautelares por la gravedad del delito de fraude en subvenciones públicas que se les imputa.

La acusación particular, representada por la letrada Lidia Font, pidió al titular del Juzgado número 9 que acuerde prisión incondicional para el acusado o que le imponga una fianza de 100 millones para evitar que eluda la acción de la justicia. El fiscal, Carlos Ramos, no pudo pronunciarse sobre la petición de prisión incondicional para el empresario porque llegó minutos después de que finalizase la vista.

El abogado de Pallerols, Álvaro Amigó, explicó al término de la comparecencia que su cliente había manifestado su plena disposición a colaborar con la justicia y a no obstruir nada. Y añadió: "Aquí no hay delito alguno porque los cursos de que se está hablando se realizaron, ni siquiera puede hablarse de una mera irregularidad administrativa". Pallerols llegó acompañado de Maria Creu Guerrero, también involucradad en el caso, a la que está unido sentimentalmente. Al salir del juzgado declinó hacer declaraciones.

La acusación privada se refirió a un informe de la Guardia Civil, que consta en autos, en el que se precisa que de 56 alumnos de Girona encuestados, 50 afirman que se había falsificado o utilizado mal su firma. También está probado y reconocido por el Departamento de Trabajo que en 1997 empleados de Pallerols modificaron los registros de sus cursos en los ordenadores de Trabajo para superar una inspección que se iba a practicar.

Comisión rogatoria

La causa contra Pallerols y Guerrero (ex dirigente de la Unió de Joves de Girona) arranca de una denuncia de marzo de 1998, cuando dos enseñantes comprueban que aparecen como alumnos en una academia del grupo abierta en Tarragona. La propia Generalitat descubrió graves irregularidades en los centros de Pallerols y revocó 62 millones de pesetas de las subvenciones concedidas al acusado, cantidad que hasta la fecha no ha devuelto.

La contabilidad de las empresas de Pallerols en Andorra fue intervenida por la policía de ese país, según una comisión rogatoria enviada por la justicia española. Esos documentos, que están a punto de llegar al juzgado tras ser remitidos por vía diplomática, contienen supuestos pagos a Unió Democràtica que dan a entender que Pallerols reintegrababa a dirigentes del partido un 10% de las subvenciones recibidas.

Pallerols ha negado estos supuestos pagos, que afectan entre otros al anterior secretario de organización de Unió Democràtica, Vicenç Gavaldà, y al actual, Josep Sánchez Llibre. El partido democristiano ha negado que éste último cobrara de Pallerols. Sánchez Llibre emitió un comunicado en el que indicaba que su partido había sido acusado de estos pagos por "no atender unas presiones". Unió no ha defendido a Vicenç Gavaldà, a quien extraoficialmente se responsabiliza de las relaciones con Fidel Pallerols.