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EL 'CASO PIQUÉ'

El Consejo Fiscal desaprueba la actuación de Cardenal al relevar al fiscal del 'caso Ercros'

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, sufrió ayer un fuerte varapalo por parte del Consejo Fiscal, en el que están representadas las asociaciones de fiscales. Dicho órgano acordó "desaprobar" la forma en que Cardenal relevó al fiscal del Tribunal Supremo Bartolomé Vargas cuando se disponía a pedir la inculpación del ministro de Industria en funciones, Josep Piqué, por su gestión al frente de la empresa Ercros. Precisamente ayer, el fiscal del caso Ercros informó a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios de que Piqué tuvo "una participación muy activa en el Consejo de Administración de Ercros" en la época en que se realizó la venta presuntamente delictiva de la compañía petrolera.

El Consejo Fiscal acordó ayer "desaprobar la interpretación y aplicación" que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, ha hecho del Estatuto del Ministerio Fiscal al relevar al fiscal del Supremo Bartolomé Vargas cuando se disponía a pedir la inculpación del ministro Josep Piqué por un supuesto delito de alzamiento de bienes durante su gestión al frente de la empresa Ercros. Los consejeros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) propusieron la "reprobación" de Cardenal, pero aceptaron dejarlo en "desaprobación" en aras del consenso con los vocales de la Asociación de Fiscales (AF).Con todo, los representantes de las asociaciones de fiscales, que forman parte de este órgano asesor del fiscal general, se pronunciaron con igual o mayor dureza que lo hicieron una treintena de fiscales del Supremo en su última junta general. Al igual que entonces, Cardenal sólo contó ayer con el apoyo del recientemente ascendido a teniente fiscal del Supremo, José María Luzón.

La reunión del Consejo Fiscal se inició bajo sospechas de ocultación de documentación por parte de Cardenal a los vocales de las asociaciones. El fiscal inspector, Juan José Martínez-Zato, dio cuenta de la posible "omisión involuntaria" de dos informes del fiscal Bartolomé Vargas de cuya existencia no se tenía conocimiento hasta ahora.

Uno de ellos fue examinado por la Junta de Fiscales de la Sección Penal celebrada el pasado 19 de enero y en el mismo se solicitaba la declaración de competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la designación de juez instructor, "instruyendo de sus derechos a Josep Piqué Camps". Este documento no llegó a presentarse a la Sala Segunda al no ser aprobado por Cardenal. Otro informe de Bartolomé Vargas, fechado el 1 de febrero, que proponía igualmente la "asunción de la competencia y la designación de instructor", tampoco obtuvo el visto bueno de Cardenal para su presentación.

La existencia de estos documentos, y de varias actas de la Junta de Fiscales de la Sección Penal del Supremo en las que se aprobaban por unanimidad los citados informes, echó por tierra las informaciones inducidas por Cardenal de que el fiscal del caso Ercros había cambiado de opinión "en su último informe". En medio de cierto revuelo, el Consejo quedó suspendido durante hora y media, hasta que se hicieron fotocopias de los documentos que faltaban en el expediente y se entregaron a los consejeros.

Tras la reanudación del Consejo, el fiscal inspector, Juan José Martínez-Zato, planteó que si tan "extraordinario" había sido el trabajo de Bartolomé Vargas, -según reconocen Cardenal y Luzón- no podía ser "premiado" con el relevo. Martínez-Zato propuso que si el Tribunal Supremo asume finalmente la competencia sobre el caso Ercros, Bartolomé Vargas vuelva a hacerse cargo del caso. Cardenal respondió que era "obvio" que si la Sala Segunda aceptaba la competencia volvería a estar al frente del caso el fiscal Bartolomé Vargas.

Cardenal delegó en Luzón las explicaciones sobre el relevo de Vargas. Ambos consideran que en el caso Ercros no hay indicios contra Piqué y defendieron que se aplicó correctamente el Estatuto del Ministerio Fiscal al relevar a Vargas de hacer el dictamen, que fue redactado finalmente por su fiscal jefe, José Aranda. Cardenal reconoció que pidió a Vargas que cambiase el sentido del dictamen y que éste le había pedido la orden por escrito para poder impugnarla en aplicación del artículo 27 del Estatuto.

Oír a la Junta

Cardenal indicó que había entendido que el asunto no tenía trascendencia ni afectaba a la unidad de criterio del Ministerio Fiscal por lo que la vía utilizada había sido la del artículo 24, que le deja manos libres. Los consejeros se pronunciaron mayoritariamente en contra de esta posición e indicaron que la vía correcta habría sido la del artículo 27, que obliga a escuchar antes a la Junta de Fiscales de Sala del Supremo.

El teniente fiscal Antidroga, Javier Zaragoza, de la UPF, discrepó de Cardenal y Luzón y opinó que el asunto sí afectaba a la unidad de criterio del Ministerio Fiscal. Le secundaron el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Enrique Beltrán, y el fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, ambos de la AF. El primero desaprobó el relevo de Vargas, y Villén dijo que se debió aplicar el artículo 27. El jefe en funciones de la Secretaría Técnica, Eduardo Torres-Dulce, opinó también que debió oirse a la Junta de Fiscales de Sala.

El revuelo, en la Fiscalía

Cardenal y Luzón plantearon en un momento de la reunión del Consejo Fiscal, organismo asesor del fiscal general del Estado en el que están representadas las asociaciones de fiscales, su preocupación por el revuelo provocado en los medios de comunicación por el caso Ercros. Según asistentes a la reunión, la vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Teresa Compte, del Tribunal Superior de Cataluña, replicó que el escándalo y el revuelo no estaba en los medios informativos sino en la Fiscalía del Estado. Y agregó que lo que la opinión pública refleja son las sospechas de que ha existido una instrumentalización de la carrera fiscal en este asunto.Cardenal replicó que "jamás" ha habido ninguna indicación por parte del Gobierno en el caso Piqué. El fiscal de la Sala Penal y jefe en funciones de la Secretaría Técnica, Eduardo Torres-Dulce, expresó también su convicción de que la instrumentalización gubernamental no ha existido.

La vocal de la UPF Isabel Vicente Carbajosa manifestó que le llamaba poderosamente la atención el hecho de que se hubiese dado un plazo de 24 horas para informar del estado de las investigaciones sobre la venta de Ertoil que se siguen en el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, cuando el fiscal del caso, Bartolomé Vargas, había dicho en su último informe que no había podido leer los miles de folios de la causa.

El Consejo Fiscal acordó que, a efectos de nuevas situaciones como la producida por el relevo del fiscal Vargas, el fiscal del Estado debe convocar a la Junta de Fiscales de Sala. También plantearon algunos intervinientes la conveniencia de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de abril de 2000

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