Cardenal obliga a Anticorrupción a ceder dos asuntos a otras fiscalías

La Junta de Fiscales de Sala, que integra la cúpula de la carrera fiscal, respaldó ayer la decisión del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que la Fiscalía Anticorrupción se abstenga de intervenir en dos asuntos que deben ser investigados por otras fiscalías. El fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, esgrimió el artículo 27 del Estatuto al considerar improcedentes las órdenes de Cardenal, pero 13 de los 15 integrantes de la Junta votaron en su contra y respaldaron al fiscal del Estado.

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, organismo asesor del fiscal general del Estado integrado por la cúpula de la carrera fiscal, respaldó ayer la decisión de Jesús Cardenal para que Anticorrupción se abstenga de intervenir en un proyecto de querella contra la exjuez decana de Marbella Pilar Ramírez por supuestos delitos de prevaricación y detención ilegal relacionados con el asunto de Milauto-Marbella, una sociedad de compraventa de automóviles en la que eran socios el padre, el hermano de la magistrada y el presunto mafioso Gianni Menino. Este caso fue uno de los 16 asuntos por los que la ex juez fue denunciada por incumplir su deber de abstenerse. En relación con esa causa, la juez decretó la prisión de unos detenidos por venta de coches robados supuestamente a sabiendas de que se les seguía un procedimiento por los mismos hechos en otro juzgado.La Fiscalía del Estado determinó que la querella debe estudiarla la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a lo que Anticorrupción objetó la complejidad de la causa y la gravedad de los hechos atribuidos a una juez recientemente expulsada de la carrera.

Investigación a jueces

El otro asunto fue la investigación de un supuesto delito de prevaricación, atribuido a los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Barcelona, por no exigir la fianza que establece la ley a los recurrentes en procedimientos de ejecución de la Agencia Tributaria. El caso fue remitido a Anticorrupción por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, al estimar que los magistrados podrían haber incurrido en delito al no haber exigido fianzas a los recurrentes, con lo que el Estado resultó perjudicado al dejar de recaudar millones de pesetas por ese concepto.

Cardenal decidió que esa investigación era del ámbito de la Fiscalía del Tribunal Supremo y no de Anticorrupción.

En ambos casos, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, opuso frente a la decisión de Cardenal el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que la Junta de Fiscales de Sala será oída cuando una orden del fiscal del Estado sea considerada improcedente o contraria a las leyes.

Según fuentes fiscales, 13 de los 15 fiscales de Sala del Tribunal Supremo, entre ellos Cardenal, respaldaron la decisión de que Anticorrupción deje de actuar en ambos procesos. Jiménez Villarejo sólo fue apoyado por el fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato.

Por otra parte, a las diez y media de esta mañana dará comienzo el Consejo Fiscal reclamado por la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación de Fiscales y el Inspector Fiscal para examinar el relevo del fiscal encargado del caso Ercros, Bartolomé Vargas, cuando iba a pedir al Tribunal Supremo la inculpación del ministro Josep Piqué en un supuesto delito de alzamiento de bienes.

El fiscal del Estado rechazó el dictamen de Vargas y, tras intentar en vano que este fiscal lo cambiase, le relevó del caso e instó al fiscal jefe de la Sala Penal, José Aranda, a que presentase un dictamen totalmente opuesto a la competencia del Tribunal Supremo. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, anticipó que su asociación volverá a pedir la dimisión de Cardenal si no les convencen las razones que exponga ante el Consejo.