Parte de los pagos a Van Doorn no eran para fichajes, afirma el fiscal

El fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana, considera que gracias a la labor desarrollada por el ex administrador judicial del Atlético, Luis Manuel Rubí Blanc, se ha podido constatar prácticas delictivas de Jesús Gil y su familia, como "la falta de rigor contable", "infracciones tributarias" y "contratos y pagarés no contabilizados". En el escrito remitido el pasado martes al juez del caso Atlético, Manuel García-Castellón, proponiendo una intervención en vez de una administración judicial, Castresana también alude a que "los imputados han pignorado a favor de sociedades prácticamente inactivas, por ellos controladas, el contenido patrimonial de los derechos federativos de 17 jugadores de la plantilla por importe de más de 11.000 millones de pesetas".Según dice el fiscal en su escrito, gracias a las reclamaciones de pago de la sociedad holandesa Van Doorn International Management, se ha conocido que los imputados comprometieron desde 1996 pagos por el fichaje de siete jugadores por importes superiores a los 11.000 millones de pesetas, de los que más de 10.000 ya fueron remitidos a Holanda. De ellos, dice el fiscal, "una parte sustancial no se correspondería en realidad con la adquisición de jugadores sino con otros negocios jurídicos que no han querido revelar, fondos cuyo destino final no consta".

Según el fiscal Anticorrupción, "por los derechos de Bodganovic se han satisfecho 2.935 millones de pesetas cuando su precio real parece no haber excedido de 150. Por Andrei Frascarelli se han pagado 1.940 cuanto su coste fue aparentemente de 550 millones; por Bejbl se han satisfecho 1.328 millones cuando su coste parece no haber superado los 500. En total, 11.227 millones de los que se ignora qué parte se ha pagado efectivamente por los jugadores".

Sin rigor contable

Tras explicar que Rubí no se ha convertido "en un administrador-investigador", sino que su labor "le ha llevado a conocer y analizar determinados negocios jurídicos respecto de los que debía adoptar decisiones", el fiscal destaca que "encontrando infracciones tributarias o impagados por cuantías superiores a los 1.000 millones de pesetas ha procedido a regularizar fiscalmente aquéllas, informando seguidamente al juzgado". Como ejemplo de falta de rigor contable, Rubí constató la existencia de una reclamación por parte de un comisionista de 96 millones de pesetas que no aparecían contabilizados; contratos o pagarés en la misma situación que son reclamados por terceros, como en el caso del jugador Pilipauskas; otros, reclamados por jugadores, como Hugo Leal y Ayala; y contabilizados pero no reclamados, como en el caso del uruguayo del Atlético B Pablo García.

Por último, el fiscal hace referencia a "la gestión carente absolutamente de rigor contable y de garantía en cuanto al destino de los fondos de las cantidades recaudadas en metálico, tanto correspondientes a los abonos de los socios como de las recaudadas en taquilla en eventos deportivos".