El edil de Urbanismo de Valencia compra un solar tras un cambio del plan que evitó su expropiación

Tres ediles del Ayuntamiento de Valencia, uno de los cuales, Miguel Domínguez, dirige Urbanismo, el director general de la Policía, Juan Cotino, más un empresario, constituyeron una comunidad de bienes a través de la cual compraron a finales de 1999 un solar en el centro de Valencia, cuya expropiación municipal estaba prevista desde 1991. Sin embargo, una revisión del planeamiento aprobada el pasado día 31 les permitirá ahora que levanten un edificio de cuatro plantas. Domínguez explicó que hizo "una consulta" antes de formalizar la compra y que el solar ya estaba fuera de la actuación urbanística prevista.

Para realizar la operación de compra del solar, sito en la calle de Mossén Sorell número 13, Domínguez constituyó una comunidad de bienes junto con el director general de la Policía, Juan Cotino; el concejal de Deportes, Enrique Pérez Boada; el edil del Plan Estratégico de Valencia, Rafael Ripoll, y el empresario Francisco Vallés. Los cargos del PP y el empresario desembolsaron cada uno dos millones de pesetas para formalizar la compra del solar.El citado solar figuraba en la unidad de actuación número 12 del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del centro histórico aprobado en mayo de 1991 como expropiable por parte del Ayuntamiento de Valencia. En septiembre de 1998 y con Miguel Domínguez ya como concejal de Urbanismo, la comisión de gobierno municipal encargó a la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales, SA, (Aumsa) -en la que el edil ostenta el cargo de vicepresidente y dirige los trabajos en ausencia de la alcaldesa, Rita Barberá- el estudio y la revisión de los planes urbanísticos del centro histórico. En diciembre de 1998, el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP con mayoría absoluta, suspendió el otorgamiento de nuevas licencias para construir y encargó a Aumsa que redactase las modificaciones de los PEPRI. Unas modificaciones que se acordó someter en marzo del año pasado a exposición pública.

En la revisión de los planes, Aumsa estableció una nueva delimitación de actuación urbanística que ya sólo incluía solares y no edificios, pero que no incluyó otras parcelas libres de edificación entre las que se encontraba el número 13 de la calle de Mossén Sorell.

A partir de aquí, el empresario Francisco Vallés y su esposa María Casalduero constituyen la sociedad limitada Carel & Dem, que a finales de septiembre traslada su domicilio social a la vivienda del matrimonio, según consta en el registro mercantil. Entre noviembre y diciembre del año pasado, el director general de la Policía, Juan Cotino, los tres ediles del Ayuntamiento de Valencia y Carel & Dem, SL, con la comunidad de bienes ya constituida compran a partes iguales el solar. La aprobación final por parte del pleno municipal, que excluye definitivamente el solar de la calle Mossén Sorell número 13, se realizó el pasado día 31 de marzo junto a otros polémicos temas como la reforma del barrio de El Cabanyal.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, explicó ayer: "Yo hice una consulta y se me dijo que [el solar] estaba fuera de actuación, ya que es un solar entre medianeras". El responsable municipal de Urbanismo indicó que el solar se compró cuando Aumsa ya había propuesto las modificaciones del PEPRI y que por tanto no hay relación entre su calificación y la compra. El responsable del urbanismo municipal, que especificó que había pedido un crédito de dos millones para formalizar su parte de la compra, indicó que las cinco personas que conforman la comunidad de bienes Sorell están vinculadas a la Fundación Vives por el Humanismo y la Solidaridad. Según Domínguez, la fundación, de la que Francisco Vallés es secretario, compró un edificio rehabilitado en la calle Alta -lindante con Mossén Sorell- para establecer su sede. El edil argumentó que había una opción de compra sobre el solar de Mossén Sorell número 13 y que, al no poderse endeudar más la Fundación Vives los cinco miembros de su patronato decidieron constituir una comunidad de bienes para ejercer el derecho a compra y ceder el suelo posteriormente a la Fundación si en el futuro necesita ampliar sus instalaciones. "La compra del solar se hizo en fechas próximas a la del edificio rehabilitado que albergará la sede de la fundación", dijo Domínguez, que indicó que la inauguración se hará en breve.

El empresario Francisco Vallés, que figura en la comunidad de bienes junto a los cuatro cargos del PP, mantiene otros importantes cargos en distintas sociedades en las que también figuran importantes familias de empresarios como los Lladró o los Ballester. Entre las sociedades en las que Vallés tiene participación figura ITV de Levante -empresa que se benefició del proceso de privatizaciones de la inspección técnica de vehículos de la Generalitat- o Jávea 2000, que intentó construir un puerto deportivo en la citada localidad alicantina paralizado finalmente por la fuerte polémica vecinal.