Apatía

Málaga nunca ha sido una ciudad que se tire a la calle para reivindicar cosas. Para celebrar aún, pero para pedir, exigir, interesarse por cuestiones ciudadanas, poco. Por eso, cuando hace dos semanas un grupo de cinco abonados del Unicaja de baloncesto presentó una querella contra la alcaldesa, Celia Villalobos, los concejales de Urbanismo y Deportes, Francisco de la Torre y Javier Berlanga, y los responsables de la constructora Ferrovial por su responsabilidad en la apertura y posterior cierre de un defectuoso Palacio de Deportes que ha costado 2.000 millones de pesetas en dinero público, todo fueron recelos.¿Quiénes son? ¿Qué intereses tienen? ¿Por qué han esperado hasta ahora para actuar? Ellos dijeron que no eran más que cinco amigos que trabajaban en el mismo hospital y que acudían cada fin de semana a los partidos de baloncesto. Que estuvieron con su familia y sus hijos el día de la inauguración del Palacio, aunque con toda seguridad no hubieran ido de haber sabido que días antes el ayuntamiento había recibido la advertencia de que la estructura del pabellón presentaba algunos problemas serios. Que después de conocer las circunstancias de la clausura, el día 22 de septiembre de 1999, habían estado esperando que el club o las peñas del Unicaja tomaran la iniciativa de exigir responsabilidades y que, viendo que nadie hacía nada, habían decidido gastarse los cuartos en presentar una querella a la que podían sumarse en adelante todos los ciudadanos que quisieran.

Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Luis Miguel Moreno Jiménez, ha observado indicios de delito en los hechos relatados en la querella y la ha admitido a trámite. Algunos en la misma Audiencia de Málaga dudaban de que esto pudiera ocurrir, pero ha ocurrido. Si los cinco aficionados no hubieran presentado su querella, el cierre del Palacio de los Deportes no habría pasado de ser un lamentable incidente del que, asombrosamente, no se podía responsabilizar a nadie: el ayuntamiento no había recepcionado la obra y la constructora tenía un documento firmado por el concejal de Deportes en el que se la eximía de responsabilidad en caso de incidentes. La admisión a trámite de la querella no significa la condena automática de nadie, pero sí que se podían pedir explicaciones de lo sucedido, y que la apatía no estaba ayudando a resolver el problema del Palacio.