Un debate necesario

No hay duda de que el Informe Universidad 2000 ha conseguido atraer la atención de amplias capas de la sociedad española sobre la situación de nuestra Universidad. Una atención que ha recibido respuestas diversas, desde las más matizadas a las más sintéticas, en términos de sí /no, (¡incluso previas a su publicación!). Numerosas organizaciones, entre ellas las propias universidades, han manifestado su intención de analizar el documento y de posicionarse ante el mismo, especialmente sobre las recomendaciones que se hacen de cara al futuro.Creo que la reacción que se ha suscitado es reveladora de su necesidad. En este sentido, es un éxito fenomenal que una de las instituciones claves para el progreso social y personal sea ahora objeto de atención y de debate, después de largos años de ignorarla, de no cuidar, desde los poderes públicos, su desarrollo adecuado, creando una situación a veces esperpéntica, en la que al mismo tiempo que se colma de normas rígidas la universidad pública y se limita su financiación, aparecen todo tipo (insisto, todo tipo) de universidades privadas (a veces propiedad de una persona, a veces de impulso obispal), en las que la mayoría de las normativas no son de aplicación, y las que lo son no son objeto de seguimiento o inspección.

La pregunta de cómo ha de ser la Universidad en los años venideros y de si la Universidad actual está preparada para responder adecuadamente a las necesidades y retos a los que hemos de enfrentarnos, creo que es el leitmotiv del informe y de las preocupaciones de la comunidad universitaria. En un periodo de cambio social tan acelerado como el actual, que ha visto desmoronarse estructuras políticas que uno imaginaba perennes, aparecer súbitamente una geoeconomía que reemplaza la geopolítica, la dependencia de la economía de la capacidad de crear y gestionar el conocimiento, es lógico que nos planteemos las consecuencias para la Universidad y qué debe hacer ésta para ser motor del cambio, poder conducir nuestro camino y poder seguir siendo un servicio público de la calidad que demanda la sociedad y, en particular, nuestros jóvenes. Qué formación debe proporcionarles la Universidad que facilite su plena integración en una sociedad que se perfila tan diferente.

La respuesta que se da en el informe va en el sentido de que la actual Universidad debe adoptar serias medidas de reforma en muchos ámbitos: la Universidad pública (sobre la que se fundamenta la inmensa mayoría del sistema universitario europeo) debe contar con una mayor y mejor financiación; la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso de los estudiantes a la educación superior debe mejorarse mediante una amplio aumento del sistema de ayudas; se propone un sistema flexible de permanencia en la Universidad controlado por el propio estudiante; se apuesta por una metodología de garantía de calidad basado en un sistema de acreditación externa; el establecimiento de una carrera docente e investigadora, al mismo tiempo que se propone la existencia de una figura de investigador en la Universidad; un gobierno de la Universidad basado en la participación de todos los estamentos de la Universidad; una reforma de las titulaciones que avanza decididamente en el sentido de la declaración de Bolonia, para la construcción de un espacio universitario europeo; una Universidad más abierta a la sociedad, en una relación basada en la autonomía universitaria (y en este sentido creo que la propuesta se decanta claramente por que la responsabilidad y representación últimas esté en manos de los elegidos democráticamente en el seno de la Universidad) y en la rendición de cuentas. Una autonomía y libertad en el desarrollo del pensamiento crítico y de la investigación independiente (¿en quién podrán confiar los ciudadanos si prácticamente toda la investigación se realiza ligada a empresas?).

La observación de la realidad hace llegar a la conclusión de que la relación de obstáculos y resistencias al cambio que se hace en el informe ha quedado corta. A la pereza de las administraciones a aumentar los recursos públicos (tal vez con la esperanza de que el tiempo, que todo lo cura, haga también el milagro de incrementar las ratios de financiación, jugando con la disminución del número de jóvenes de 18 años, eso sí, olvidando la enorme necesidad de formación continua), a las resistencias corporativas, al miedo a la flexibilidad y a la diferencia, a las dificultades objetivas, se han hecho interpretaciones realmente sesgadas, que ven en las propuestas unas intenciones (privatización de la Universidad pública, disminución de la participación democrática, por ejemplo) que una lectura del mismo indica claramente que van precisamente en sentido contrario.

En todo caso, lo que ahora se nos propone y es necesario es el debate: sobre los problemas prioritarios que debemos afrontar y las medidas a adoptar. El informe aporta datos, análisis, en definitiva, un diagnóstico del que resulta difícil discrepar. También unas posibilidades terapéuticas. Ahora es necesario que mientras que los doctores discuten no se nos ponga peor el enfermo: lleva demasiado tiempo en espera de tratamiento.

Bienvenido sea el debate, que sea intenso y creativo y que conduzca a la toma de medidas en el más breve tiempo posible. No se puede volver a perder más tiempo en la adopción de medidas, parte de las cuales ya fueron presentadas por el Gobierno del momento en diciembre de 1994, que aprobó el Consejo de Universidades y que luego el mismo Gobierno no aplicó: de haberlo hecho, ahora ya habríamos recorrido la mitad del camino que nos separa de la financiación que se reclama. Un debate, téngase un cuenta, nacido de la propia Universidad, impulsado por la asociación libre de las mismas.

Carles Solà es rector de la Universidad Autónoma de Barcelona.