Una demanda impugna el cambio legal de la Cooperativa de Guissona

Un grupo de socios de la Cooperativa Agropecuatia de Guissona (CAG), respaldado por Unió de Pagesos de Catalunya, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España ha presentado una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Cervera contra el proceso de conversión de la cooperativa en la sociedad anónima Corporación Alimentaria de Guissona porque entienden que se lesionan sus derechos y las normas cooperativistas.

La demanda, redactada por los abogados José Manuel Calavia y Julio Hernández, de Mazars & Asociados, pretende la revisión judicial del proceso de conversión en sociedad anónima de la Cooperativa Agropecuaria de Guissona (CAG), que cuenta con 52.647 socios y facturó el año pasado más de 60.000 millones de pesetas.Los demandantes alegan que a la asamblea que dio paso a la sociedad anónima, celebrada el 8 de abril de 1999, sólo asistieron unos 300 socios y que en el proceso se han infravalorado los activos aportados por la Cooperativa de Guissona a la nueva sociedad anónima.

"Sustancialmente, cuestionamos que no puede transformarse en sociedad anónima sin conceder un derecho de separación a los socios y entregar el fondo social al movimiento cooperativo, como marca la ley", dijo Calavia.

Las leyes que rigen el movimiento cooperativo establecen que el fondo social cooperativo (estimado en este caso en unos 7.500 millones de pesetas) se debe entregar, en el caso de desaparecer, al movimiento cooperativo ya que se ha constituido por el proceso de reserva de beneficios de los ejercicios de uso de la cooperativa. El Estado concede a las cooperativas un régimen tributario especial en el impuesto de sociedades para impulsar esta vía laboral.

La demanda también cuestiona que la valoración, en 7.500 millones de pesetas, del fondo social favorecía a los otros socios de la anónima porque esos activos valen entre 10.000 y 15.000 millones de pesetas. Según la demanda, el proceso causa una dilución del patrimonio de la cooperativa que perjudica a sus socios.

Los cooperativistas que plantean la acción civil y las entidades que les apoyan estudian futuras acciones ante las administraciones competentes, tanto la autonómica como la estatal, e incluso por la vía penal.

Otra cuestión que plantea la demanda es que el proceso de transformación en sociedad anónima no ha tenido en cuenta que la Cooperativa de Guissona contaba con un "fondo de comercio" que se aporta sin contrapartida a la nueva sociedad.

CAG era una de las empresas más importantes del sector agropecuario de España. La CAG aportó a la nueva sociedad sus mataderos, fábricas de pienso y otros activos valorados en 7.500 millones. La nueva sociedad se constituyó con un capital social de 12.255 millones y CAG recibió el 61% de las 73.654 acciones que componen el capital de Corporación Alimentaria de Guissona, SA.