Renovación del consenso constituyente

"Desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un Estado centralista; coincidimos todos en alcanzar por la vía de la autonomía un nuevo sentido de la unidad política de España". Con estas palabras sintetizó el portavoz de la minoría catalana en las Cortes constituyentes el acuerdo alcanzado acerca de la estructura del Estado. Unidad política de España a través del ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Unidad y autonomía no tienen, pues, el mismo status en la Constitución española. La unidad es el principio político del Estado. La autonomía es el instrumento a través del cual el constituyente pretende que el principio se haga real y efectivo. El principio de unidad es, por tanto, simultáneamente presupuesto del reconocimiento del derecho a la autonomía y resultado del ejercicio efectivo de tal derecho por las nacionalidades y regiones.Ésta es la razón por la que la Constitución no pudo dejar cerrada la estructura del Estado, ya que ello sólo sería posible a partir del momento en que se hubiera ejercido el derecho a la autonomía y se hubieran constituido las comunidades autónomas. El poder constituyente remitía al poder estatuyente para acabar definiendo la estructura del Estado. Hasta que el poder estatuyente no hubiera sido ejercido no se podría saber cuál es la estructura del Estado. La Constitución, en consecuencia, no estaría completa hasta que no hubieran sido aprobados los Estatutos de Autonomía. Ahora bien, si la Constitución no cerraba la estructura del Estado, sí había algo que decidía con claridad: la unidad que se alcanzara como consecuencia del ejercicio del derecho a la autonomía tenía que ser coherente con la unidad de que se había partido como presupuesto para el reconocimiento de dicho derecho. La unidad como presupuesto no predecía la forma concreta del ejercicio del derecho a la autonomía, pero sí la circunscribia dentro de unos límites que hacían imposible un resultado que estuviera en contradicción con el punto de partida. El constituyente estableció inequívocamente la vigencia de la regla lógica de la no-contradicción entre el principio de unidad política del Estado como presupuesto del reconocimiento del derecho a la autonomía y como resultado del ejercicio del mismo.

Con base en ese consenso constituyente, se construyó el Estado de las autonomías. España se territorializó en 17 comunidades autónomas, en un plazo muy breve y de una manera pacífica y eficaz. Parecía que habíamos encontrado respuesta a ese problema endémico de nuestra vida política y constitucional de cómo hacer compatible el poder del Estado con el de las unidades territoriales de ámbito inferior. Sin embargo, a partir de las elecciones generales de 1993 y todavía más a partir de las de 1996, el consenso constituyente sobre la estructura del Estado empezó a ser puesto en cuestión. Y empezó a serlo con cada vez más intensidad. En el País Vasco de una manera clara e inequívoca. Y cada vez con más presión. Si el documento Ardanza de la primavera de 1998 todavía era ambiguo, el Pacto de Lizarra ya no lo sería. Y tampoco el pacto de Gobierno con EH en la legislatura iniciada en otoño del 98. Pero no solamente en el País Vasco. La Declaración de Barcelona de los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia apostaba por una estructura confederal del Estado, incompatible con la diseñada en la Constitución.

De manera más ambigua o más decidida nos estábamos deslizando por una pendiente en la que cada vez se ponía más en cuestión el principio de unidad política del Estado como presupuesto para el ejercicio del derecho a la autonomía. Sin decirlo abiertamente y sin proponer reforma alguna de la Constitución, se estaban dando pasos en el ejercicio del derecho a la autonomía que no podían no acabar siendo contradictorios con dicho principio de unidad. Aquí, posiblemente, está una de las claves, si no "la clave" de la reacción del cuerpo electoral el 12-M: los ciudadanos de toda España han renovado el consenso constituyente sobre la estructura del Estado.