Rubí encuentra 240 millones para descartar la suspensión de pagos
El administrador judicial del Atlético, Luis Manuel Rubí, acudió ayer a la Audiencia Nacional para corregir "errores aritméticos" del informe que el pasado viernes entregó al juez Manuel García-Castellón. Rubí afirmó que el club podrá salvar la suspensión de pagos a fin de mes, como vaticina en su informe, ya que ha encontrado una cifra cercana a los 240 millones correspondiente al traspaso de Prodan al Glasgow Rangers.
El Atlético evitará entrar en suspensión de pagos a final de mes gracias al dinero que ingresará después de una reciente resolución de la FIFA favorable al club madrileño en relación con el traspaso al Glasgow Rangers escocés del defensa internacional rumano Daniel Prodan. Según anunció en la Audiencia Nacional el administrador judicial del Atlético, Luis Manuel Rubí, el dinero que se ingresará por este concepto cubre "ampliamente" las necesidades más perentorias del club, que el propio Rubí cifró en su informe del pasado día 31 en 129.800.000 pesetas.El Glasgow Rangers se negó a abonar el último de los plazos acordados por el traspaso de Prodan alegando que el Atlético le había vendido al jugador lesionado. El club madrileño aportó informes en sentido contrario y, ahora, la FIFA le ha dado la razón y obligado a la entidad escocesa a satisfacer todo el pago. En su informe sobre la situación y viabilidad del club, Rubí aseguraba que el Atlético debía hacer frente antes del próximo 30 de abril a pagos por valor de casi 1.665 millones y que en la tesorería del club sólo había disponibles 785 millones. Rubí contaba con poder renegociar otros 750 millones, pero advertía de que, aún así, quedaría un desfase de 129.800.000 pesetas y decía que "de no lograrse financiación suficiente a 30 de abril, la entidad administrada entraría en suspensión de pagos a dicha fecha".
Por otra parte, el administrador judicial -quien confirmó que el Atlético ha recibido ya la notificación de la Agencia Tributaria de que será sometido a una inspección fiscal- aseguró que no piensa dimitir y que confía en continuar al frente de la entidad, en contra de lo publicado por algunos medios. En este sentido, el juez Manuel García-Castellón acordó ayer, a petición del propio Rubí, solicitar al director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, que el funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera Fernando Elvira y el subinspector de Hacienda José Manuel Rodríguez Gutiérrez sigan adscritos a la administración judicial del Atlético. Rubí acudió a la Audiencia Nacional a corregir algunos "errores aritméticos" en algunas de las cifras incluidas en el informe sobre la situación y viabilidad del Atlético que entregó el pasado viernes al juez.
Oferta a Gil
Por su parte, Miguel Ángel Gil Marín, director general del club, declaró anoche en el programa El Larguero que ayer mismo Rubí le ofreció una venta judicial pactada de las acciones de su familia, que son la mayoría de las existentes. Gil Marín no quiso cuantificar la oferta hecha por el administrador judicial, pero sí dijo que "se trataba de una buena oferta". Según su versión, ni él ni su padre, Jesús Gil, aceptaron el ofrecimiento, "pues no queremos huir como ratas. No somos delincuentes", declaró en la Cadena Ser.
Mientras tanto, el abogado del ex presidente del club, Jesús Gil, anunció que mañana presentará en el juzgado un contrainforme al de Rubí, en el que el administrador aseguraba que el club se encuentra en quiebra técnica y recomendaba una ampliación de capital de más de 13.000 millones de pesetas.
El juez Manuel García-Castellón recibió ayer otro informe, elaborado por un perito judicial de la Agencia Tributaria, en el que se concluye que los documentos aportados por Gil al juzgado el pasado mes de enero "no desvirtúan lo expuesto en informes anteriores" respecto al proceso de transformación del Atlético en sociedad anónima deportiva. Este perito ya había afirmado en 1996 y en 1999 que "la entidad deportiva no había recibido cantidad alguna por las cantidades suscritas y aparentemente desembolsadas por Jesús Gil y Enrique Cerezo", este último ex vicepresidente del club.
García-Castellón ha citado a declarar en calidad de testigos a todas las personas que formaron parte de la Junta Directiva del Atlético entre 1989 y 1992, con excepción de los imputados en el caso, que ya prestaron declaración ante el magistrado. El propósito de las nuevas citaciones, admitidas a petición de la acusación ejercida por la Asociación Atlética Neptuno, es contrastar las declaraciones realizadas por el ex presidente del club, Jesús Gil y Gil, y ofrecer más información sobre el estado de las cuentas del club. La acusación pretende también que aclaren qué ocurrió con los 112 millones que desembolsaron por sus títulos los accionistas minoritarios que pertenecían a esta asociación durante la transformación del club en sociedad anónima deportiva.
