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UGT propone una sanción al Consell por registrar la ideología de los sindicalistas.

La oposición emplaza a la Generalitat a cumplir la sentencia y amenaza con pedir que dimita Blasco

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que prohíbe a la Generalitat registrar en un fichero informático datos relativos a la ideología de los representantes sindicales fue recibida ayer como una victoria tanto por la Federación de Servicios Públicos de la UGT, que recurrió la orden que avalaba esa iniciativa, como por la oposición. La orden, aprobada por la Consejería de Empleo en abril de 1999, ha sido anulada por el TSJ (véase EL PAÍS de ayer) y tanto UGT como la oposición instaron ayer al Consell a cumplir la sentencia.Por otro lado, y dado que, según la sentencia, la pretensión de registrar la ideología de los representantes sindicales entraña "tanto un claro, indubitado, grave y directo ataque a la intimidad personal" como una "vulneración esencial" de un derecho fundamental, UGT exigirá que se aplique la ley, que prevé sanciones de entre 50 y 100 millones de pesetas en caso de vulneración de los derechos fundamentales. El sindicato pedirá a la Consejería de Empleo que certifique la ejecución de la sentencia y que destruya los datos sobre la ideología de los sindicalistas. Además, UGT acudirá a la Agencia de Protección de Datos para que compruebe que la Generalitat ha destruido los ficheros.

La noticia también mereció la atención de los partidos de la oposición, que en su momento ya denunciaron los hechos y que ayer celebraron el fallo emitido por la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El PSPV y Esquerra Unida coincidieron en exigir la ejecución de la sentencia, bajo la amenaza de pedir la dimisión del consejero de Empleo, Rafael Blasco, si no cumple el fallo en los plazos marcados por la ley.

"Si no se cumple la sentencia en el plazo previsto, pediremos la dimisión de Blasco", dijo ayer la diputada socialista Josefa Andrés, quien señaló que el consejero de Empleo "ha tenido tiempo suficiente para recapacitar y no lo ha hecho". Para los socialistas, la pretensión de incluir en un fichero informático la ideología de los representantes sindicales es "algo de lo más retrógrado y retorcido". Andrés dijo al comentar el asunto que "vuelve a aparecer el nombre de José Emilio Cervera", actual consejero de Sanidad, que estuvo al frente de la dirección de Modernización, al que achacó un "intento permanente de clasificar a la gente", algo que, añadió, "pertenece a las formas de actuar de los gobiernos más oscuros y represivos".

Por su parte, Joan Ribó, portavoz de Esquerra Unida, recordó que en su momento su partido ya calificó el asunto de "escandaloso". Para Ribó, el intento de clasificar a los sindicalistas como pretendía hacerlo la Generalitat constituye "un atentado y una pasada absolutos". El líder de EU se preguntó qué interés puede tener un fichero de esas características y se contestó: "Sólo puede ser oscuro, es el mecanismo más claro para hacer listas negras".

Mientras tanto los servicios jurídicos de la Generalitat estudiaban ayer la sentencia del TSJ para decidir qué hacer y no se descartaba la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. El Consell se escuda en que la Agencia de Protección de Datos aseguró en su día que la información contenida en los ficheros estaba a buen recaudo.

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