El Ministerio de Economía se enfrenta a la Generalitat porque no le envía datos de consumo

La secretaria de Estado en funciones de Comercio, Turismo y Pymes, Elena Pisonero, se ha enfrentado con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat por haber incumplido éste su obligación de enviar a la Administración central los datos necesarios para la elaboración del índice de precios al consumo (IPC) y las estadísticas europeas. Pisonero ha dirigido un airado fax al departamento de Antoni Subirà para recordarle que la Generalitat debe proporcionar información de los precios de los mercados catalanes.

Elena Pisonero dirigió al departamento un escrito en el que pide explicaciones por la falta de servicio estadístico de la Generalitat y recuerda las obligaciones de la Administración catalana respecto al IPC. Tras las gestiones de la secretaria de Estado, fuentes de Industria y Comercio alegaron que se habían "interpretado mal sus órdenes" y parece que la Generalitat va a reanudar el servicio de encuestas para Madrid.La competencia en materia de comercio y consumo fue recibida por la Generalitat provisional en 1978 y más tarde se incorporó genéricamente al Estatuto de Autonomía. En 1999, un real decretó reguló el Programa anual 2000 del Plan Estadístico Nacional, en cuyo anexo describe las operaciones estadísticas que debe desarrollar la Generalitat, entre ellas la información sobre precios de venta al público de productos alimenticios, información de precios en la cesión de mayoristas de productos alimenticios perecederos así como la información de precios de venta al público de bienes y productos no alimenticios y servicios.

En virtud de esta normativa, la Generalitat encomendó a una sección de sus funcionarios la recogida de datos sobre precios en Mercabarna para ofrecerlos al Instituto Nacional de Estadística (INE), que es el que elabora el indice de precios al consumo (IPC). Esos datos obligan a realizar estadísticas diarias, semanales y mensuales que sirven al Ministerio de Economía para ponderar y prever la evolución del IPC.

Trabajar para Madrid

Esta información también sirve de base, cuando se completa en Madrid, para confeccionar las bases estadísticas comunitarias de Eurostat, ya que Mercabarna se considera un mercado central "representativo de la Unión Europea". Unos 300 precios de productos alimenticios de mercados, supermercados y grandes superfícies son objeto de encuesta semanalmente con este fin.

En la reestructuración del Gobierno catalán efectuada en 1996 se fusionó el Departamento de Industria y Energía con el de Comercio, Consumo y Turismo. Hasta aquel momento, cinco personas se encargaban de elaborar las encuestas y cumplir con la obligación de transferirlas a la Administración central y a la Unión Europea. Esta sección quedó reducida a tan sólo dos funcionarios, por lo que se dejaron de encuestar los productos industriales y los servicios. Poco a poco, el criterio de que esa sección trabajaba para Madrid fue haciendo mella hasta que el pasado 27 de marzo los funcionarios recibieron la orden verbal de no salir a encuestar.

Unos días después, el jefe del servicio cursó un oficio al director del Instituto Catalán del Consumo, Salvador Novell, en el que le informaba de que la orden recibida era ilegal y exigía recibir por escrito sus instrucciones. Esta ilegalidad fue denunciada por CC OO al secretario general del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Pere Segarra. "Nosotros conocíamos sus planes desde diciembre; nos los había comentado Albert Sabala, director general de Consumo y Seguridad Industrial, y le advertimos de que era una ilegalidad. Esperamos que den marcha atrás, pero queda la imagen de que la Generalitat no es una institución seria", afirma Josep Manuel Cuenca, miembro de la ejecutiva del sector de la Generalitat de CC OO.

La actividad de supervisión y control de la Generalitat en materia de consumo ha decrecido considerablemente en los últimos años. Así lo demuestran la actuaciones del servicio de inspección, que fueron 25.680 en 1995 y el año pasado sólo 17.057. Lo mismo ocurre con las sanciones, cuyo importe ascendió a 107 millones de pesetas en 1995 y se redujo a 48 millones en 1999.