El Tribunal Supremo tendrá que decidir si da validez al informe del fiscal que exonera a Piqué

El informe del fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo, José Aranda, en el que se pide que el caso Ercros sea remitido a un juzgado de Barcelona por falta de indicios contra el ministro Josep Piqué, fue entregado ayer a la sala y pasó a informe del ponente, Gregorio García Ancos. Mientras fuentes de la fiscalía opinan que, ante la falta de indicios contra Piqué, el sumario viajará a Barcelona, fuentes del Supremo advierten de que el informe de Aranda no es vinculante para la sala y que, al tratarse de una "situación atípica", el caso deberá ser estudiado en detalle.La situación provocada por el relevo del fiscal adscrito al caso Ercros, Bartolomé Vargas, tras intentar presentar un informe favorable a la inculpación de Piqué por un presunto alzamiento de bienes (ocultación o venta de bienes en perjuicio de acreedores), y su sustitución por otro informe elaborado por el fiscal Aranda, en el que no se aprecian indicios de delito contra el ministro en funciones, ha desencadenado una situación "compleja" y "atípica" para el tribunal, según señalaron anoche fuentes de la Sala Segunda del Supremo.

Según dichas fuentes, existe una causa que "inicia" el ministerio fiscal, y un primer informe de Vargas en el que éste ve "elementos con los que parece que quiere ejercer la acusación". A continuación el fiscal [en este caso, José Aranda] "da marcha atrás" y "propone una solución que se aproxima a un desistimiento". "La situación es lo suficientemente novedosa como para que haya que pensarlo", dijeron dichas fuentes, quienes advirtieron de que el Supremo tendrá que decidir ahora si da validez o no al informe de Aranda.

Fuentes fiscales proclives a la solución dada al caso por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal invocan el principio acusatorio. Así, el único informe válido sería el de Aranda, como superior jerárquico de Vargas, en el que "no se aprecian" indicios incriminatorios contra Piqué. La solución corresponde a un tribunal de cinco magistrados: el presidente de la Sala Penal, Luis Román Puerta, el ponente Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo, Roberto García-Calvo y José Antonio Marañón.

El informe de Aranda, que ayer fue entregado a los cinco magistrados, señala que la investigación dirigida a conocer si los verdaderos acreedores han sido defraudados mediante alzamiento de bienes "no aparece suficientemente definida, a efectos de competencia, habida cuenta de la repetición de actuaciones, la escisión de Ercros en Ertoil y sus sucesivas transmisiones, problemática de legislación aplicable y sobre todo, cuando las posibles pruebas deben extraerse de otro procedimiento más amplio".

Aranda concluye que "debe continuar la investigación", pero no en el Supremo, sino en el juzgado instructor, sin que "en este momento procesal ni en este concreto procedimiento se adviertan "indicios exigibles de la participación del ministro en un presunto alzamiento de bienes". Aranda termina suplicando a la sala que devuelva las actuaciones al juzgado número 5 de Barcelona.