El informe de Aranda dice que no hay indicios de participación del ministro

Tras el relevo forzoso del fiscal adscrito al caso Ercros, el fiscal jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo, José Aranda, presentó en la mañana de ayer un dictamen en el que entiende "que debe continuar la investigación" del caso Ercros, "pero no en esa Sala, sino por el juzgado instructor sin que en este momento procesal y en este concreto procedimiento se adviertan, delimitada y diferenciadamente, los indicios exigibles de la particpación del Ecxmo. Sr. ministro de Industria y Energía en un presunto delito de alzamiento de bienes"."Otra posición diferente", añade el nuevo dictamen, "propiciaría una instrucción que trataría de abarcar otros diferentes supuestos a los sometidos a examen, existentes en otros procedimientos, y podría conducir a ampliaciones no deseables ni pertinentes, mediante la extracción de pruebas de otras diferentes actuciones procedimentales, actualmente en tramitación".

El firmante del escrito, José Aranda, era fiscal jefe de la Audiencia Nacional cuando tuvo que afrontar la rebelión de los fiscales del grupo de los indomables, que culminó con su remoción del cargo y su sustitución por el jefe de los sublevados, Eduardo Fungairiño. Cardenal, sin embargo, le presentó ayer como el inspirador de la operación de relevo del fiscal del caso Ercros.

El plazo del que disponía el fiscal del caso Ercros, Bartolomé Vargas, para aportar la documentación dispersa en distintos procedimientos comenzó el pasado 24 de marzo y poco después Cardenal le fijó el 31 de marzo como último día. Se trataba de obtener testimonio de miles de folios, lo que no pudo llevarse a cabo sino parcialmente. Pero algunas aportaciones de la Fiscalía Anticorrupción, personada en uno de los procedimientos, resultaban claramente incriminatorios, según fuentes fiscales.

Duplicar actuaciones

El informe de Aranda expone, sin embargo, que la mayor parte de la documentación que pudiera importar al fiscal se encuentra en el juzgado central 3 de la Audiencia Nacional. "La extracción de estas pruebas documentales de un procedimiento en tramitación, para completar otro sobre el que pende una decisión sobre competencia no parece adecuada", asegura textualmente el informe, porque "podría duplicar actuaciones, o fragmentar investigaciones, con parcelaciones no deseables".

"La propia delimitación de este concreto procedimiento (...) dificulta, si no impide, la aportación de otros diferentes datos y de otras diversas pruebas", añade el informe.