Los afectados valencianos del 'caso PSV' fueron compensados en 1995

Miles de afectados esperan que el juicio por el caso PSV, que ayer comenzó en Madrid, les compense por el sufrimiento que vivieron con motivo del fracaso del mayor proyecto de política de vivienda social que ha vivido este país. El caso tuvo ramificaciones en la Comunidad Valenciana, pero los afectados -medio millar entre Valencia y Alicante- tuvieron más suerte, ya que fueron compensados a mediados de la pasada década, gracias a un acuerdo entre UGT y el último Consell socialista.

La cooperativa de Promoción Social de Viviendas (PSV) impulsada a finales de los ochenta por el sindicato UGT para proporcionar viviendas dignas a precios asequibles a las clases trabajadoras proyectaba construir 4.000 pisos en Valencia y un centenar en Alicante. Cuando en 1993 estalló el escándalo que desde ayer es objeto de juicio en Madrid, PSV contaba con unos 400 asociados en Valencia y 70 en Alicante.Todos los afectados fueron compensados a mediados de la pasada década, según recordaban ayer fuentes del sindicato UGT en Valencia. El asunto se pudo resolver porque la operación todavía no había fraguado: PSV tenía una opción de compra para construir las viviendas sobre unos terrenos propiedad de la Generalitat situados en el término municipal de Paterna. PSV negoció con la Generalitat, entonces gobernada por los socialistas, con Joan Lerma a la cabeza, para que el importe de la opción de compra revirtiese en los afectados. Éstos pudieron cobrar "el 100%" de lo que habían adelantado para la compra de una vivienda, según afirmó ayer el portavoz de UGT, quien añadió que en la actualidad "no hay ninguna reclamación pendiente" en torno al polémico asunto.

'Caso Blasco'

El caso PSV tuvo repercusiones políticas en la Comunidad Valenciana, ya que salió a la luz a raíz del caso Calpe, que provocó la destitución fulminante del entonces consejero socialista de Obras Públicas y en la actualidad titular de la Consejería de Empleo en el Consell del PP, Rafael Blasco. El entonces presidente de la Generalitat, Joan Lerma, destituyó a Blasco el 27 de diciembre de 1989 después de que el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, que hoy lo es del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Enrique Beltrán, presentara una querella por un presunto delito de cohecho en el que implicaba a Blasco, a varios funcionarios y a un empresario francés.

En octubre de 1989 la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVV), sacó a concurso público unos terrenos situados en Paterna. El IVV dividió los terrenos en dos bloques. Al concurso de la zona norte sólo se presentó PSV, que se adjudicó los terrenos. Pero el suelo de la zona sur tuvo más pretendientes: la firma francesa l'Occidentale des Centres Commerciaux y la unión temporal de empresas formada por Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos (IGS, vinculada a UGT) y Mercasa. En el juicio del que pasó a llamarse caso Blasco, Beltrán pidió tres años de cárcel para el exconsejero, que finalmente fue absuelto, entre otras cosas porque las escuchas telefónicas en las que se basó la acusación, obtenidas a raíz del caso Calpe, fueron anuladas como prueba.