El Gobierno alemán teme que la disparidad salarial lastre el desarrollo del país

Alemania tiene sectores laborales "muy regulados por convenios colectivos" y otros "totalmente desprotegidos", con sueldos por debajo de los mínimos en otros países europeos, según afirmó el ministro de Trabajo alemán, Walter Riester, a este periódico. Riester opina que esta "discrepancia" es "cada vez más fuerte" y constituye uno de los "problemas centrales no reconocidos" en el panorama laboral de su país.

El ministro se muestra satisfecho con el acuerdo concertado por IG Metall, el sindicato del que Riester llegó a ser vicepresidente. Con un incremento salarial medio del 2,5% anual para dos años, el convenio, que ha tranquilizado los temores de inflación del Banco Central Europeo (BCE), se inscribe, según Riester, en el marco del "pacto por el empleo" entre Gobierno y sindicatos. Pese a la pérdida de influencia de los sindicatos en Alemania, el IG Metall, el sindicato más numeroso de Europa, sigue siendo un poderoso interlocutor, sobre todo en el oeste. En la exRepública Democrática Alemana, que se regula por sus propios convenios, los salarios son más bajos que en el oeste.

"En el este de Alemania, el mercado se autoconsume con salarios de seis y siete marcos la hora [entre 500 y 600 pesetas], lo que está muy por debajo del salario mínimo legal en Francia, Reino Unido u Holanda", dice el ministro. La Constitución alemana garantiza que el Estado no se inmiscuya en las negociaciones salariales ni puede fijar un salario mínimo. El Estado no "pugna" por establecer un salario mínimo, y los sindicatos tienen un "comportamiento ambivalente" sobre este tema, señala el ministro.

En opinión del ministro, los sindicatos alemanes son débiles en los sectores en crecimiento, como la informática y los servicios, y fuertes en los sectores que se contraen, como la industria eléctrica tradicional y la construcción. Tanto los consejos de empresa como los sindicatos, dos de los pilares básicos del modelo de economía social alemán, han perdido protagonismo. Para el otoño, el Gobierno presentará un nuevo borrador de ley de comités de empresa, cuyo texto actual data de 1972. Con ello, el ejecutivo trata de adaptar las relaciones laborales a los cambios provocados tanto por la globalización como por la reunificación alemana.

En su carrera de sindicalista a ministro, Riester ha evolucionado. Ahora ve con otros ojos los llamados "salarios de 630 marcos" (casi 53.000 pesetas), el equivalente del contrato basura español . El Gobierno rojiverde ha impuesto a estos contratos la obligación de cotizar a la Seguridad Social y al fondo de pensiones. "Los cambios en las relaciones laborales de 630 marcos han acabado con un gigantesco fraude", señala Riester.

Antes, afirma, existían entre cinco y seis millones de contratos de este tipo que no cotizaban y centenares de miles de personas que combinaban el cobro del paro con dos o tres empleos de 630 marcos. "Con los cambios, un total de 3,5 millones de personas han pasado a cotizar al fondo de pensiones".

El ministro califica de "idiotez" el deseo de los sindicatos de abolir estas relaciones laborales "flexibles y reducidas" y con "razón de existir". La idea sindical de "convertir cinco millones de contratos de 630 marcos en un millón de relaciones laborales normales" le parece una "ilusión". Lo importante, según él, era evitar que los contratos de 630 marcos "se comieran otras relaciones laborales".

Reducir el paro fue el objetivo principal que se fijó el Gobierno al llegar al poder. "En febrero de 1998 había 4,85 millones de parados. En febrero de este año hay 550.000 menos", dice Riester, según el cual el paro en términos absolutos descenderá en 300.000 personas entre diciembre de 1999 y diciembre de 2000. El Gobierno está aplicando ya un presupuesto de austeridad y un programa de alivio fiscal al empresariado, y ha comenzado a abordar la reforma del sistema de Seguridad Social "con una amplitud desconocida hasta ahora". Pese a estos "importantes marcos para crear más trabajo", el empleo subvencionado públicamente no ha disminuido y el Gobierno se ve obligado a recurrir a medidas de apoyo artificial, especialmente en el este.