Un magistrado de Valencia aún investiga el accidente por vía penal

La sentencia del juzgado de lo social de Bilbao ni interfiere ni guarda relación alguna con la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, el encargado de intentar establecer -para su posterior fijación en juicio, si lo hay- las responsabilidades penales que se pudieran derivar por el accidente. Es más, mientras que la magistrada vasca resolvió en apenas cuatro meses la demanda interpuesta en su juzgado, el caso abierto en Valencia, que en julio próximo cumplirá su tercer aniversario, no está cerca de su conclusión. Al contrario: la instrucción lleva camino de eternizarse por varias razones.

La tradicional lentitud de la Justicia española, la enorme complejidad de la causa y los virajes que ha sufrido la investigación así lo indican. De hecho, los esfuerzos del juez y del fiscal adscritos al asunto -Francisco Barber y Jaime Cussac- se centraron en un principio en tratar de esclarecer porqué se produjo la fuga de combustible que propició la posterior deflagración.

Ardua tarea. Las inspecciones realizadas en el buque, los testimonios de varios operarios y otras iniciativas en ese sentido no han aportado luz al asunto, entre otras cosas, porque las últimas pruebas de estanqueidad se realizaron casi 45 días antes del siniestro. En cualquier caso, Unión Naval de Levante consiguió que el aspecto que había centrado la investigación pasara a un segundo plano.

¿Cómo? Mediante la presentación de un informe, elaborado por tres catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia, que señalaba la importancia que tuvo la composición del combustible en la deflagración. Las conclusiones de ese estudio, ratificadas luego por un técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han desviado los esfuerzos de Barber y Cussac -especialmente éste último- a averiguar porqué el gasóleo cargado en el barco estaba contaminado con un 7% de gasolina.

La sentencia de la juez Solana ha adelantado algunos comentarios sobre estas cuestiones, pero las consideraciones hechas en la jurisdicción social no son vinculantes, ni siquiera extrapolables, a la acción de la Justicia en otro campo, que no busca fijar indemnizaciones, sino castigar -incluso con penas de cárcel-a aquellos que hayan podido violar el código penal.

De todas formas, la sentencia de Bilbao -la única en relación con el caso- ha despertado sorpresa en medios judiciales. Habitualmente, en interpretación de la ley y la jurisprudencia, una investigación penal paraliza cualquier otro camino de petición de responsabilidades: bien la vía social, bien la administrativa. Sin embargo, Solana, acogiéndose a varias sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco y a una corriente doctrinal, al parecer minoritaria, resolvió la demanda presentada en su juzgado.