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Hay una huelga de hambre

Imagínate que una persona poderosa, elegida por la mayoría de vecinos de tu ciudad, te dice: por tu bien he decidido que vamos a cortarte las piernas, es la única forma de salvar tu vida. Y que añade: hemos encuestado a tus conciudadanos y el sesenta por ciento cree definitivamente en la bondad de la amputación. Podrías reaccionar como un anestesiado y asumir lo inevitable y justo de la castrante medida, mejor vivir sin piernas que morir. O podrías pensar que no quieres una vida obligatoriamente dolorosa y sedentaria y que quizá existen otras salidas a la intervención. Y negarte a que te corten las piernas, y exigir a la persona poderosa, que te representa y te sirve, que no te deje morir.Hace unos años el gobierno del Ayuntamiento de Valencia dijo a los vecinos del Cabanyal que debían elegir entre la intervención quirúrgica del pueblo -intervención que se concreta en el derribo de una banda de más de cien metros de ancho, desde el final de Blasco Ibáñez hasta el mar-, o la muerte por degradación. O una cosa o la otra, sin más alternativas. Así, para demostrar que iba en serio fue tomando medidas, por acción y omisión, que han convencido a muchos vecinos de que contra el poder nada se puede, y que mejor rotos que muertos. Luego, para justificar el interés general de la medida, ha repetido machaconamente a los valencianos que la relación de la ciudad con el mar depende de que una gran avenida les deje a pie de arena, y ha basado su defensa en el siguiente argumento fuerte: "Es un proyecto que la ciudad necesita para recuperar su propia autoestima, su propia dimensión de grandeza y esa proyección hacia el futuro que en su conjunto demanda" (sic). No necesita comentarios pero da un poco de vergüenza.

A veces el poder miente, confunde y soborna, y retuerce las normas en su propio beneficio o en el de sus amigos, que es lo mismo. Cuando esto sucede los ciudadanos no pueden resignarse, es su obligación pedir cuentas, exigir explicaciones convincentes, evitar la arbitrariedad; entre nosotros no hay costumbre pero debe hacerse, estamos en nuestro derecho. Por eso la Plataforma Salvem el Cabanyal está en el Parterre. Por eso, para provocar un debate público, cuatro vecinos están haciendo huelga de hambre. Esto no es una frivolidad.

Dice el concejal de Urbanismo que la Plataforma es minoritaria, que no es representativa, que es radical. A sabiendas confunde la democracia y los derechos humanos con el voto y las encuestas: primero, la Plataforma sí es representativa, la mayoría de los que visitaron el Cabanyal en la acción Portes Obertes han pasado a formar parte de la gran minoría que defiende un pueblo marítimo íntegro y rehabilitado; por otra parte, que una mayoría (desinformada) piense que lo mejor es la prolongación no justifica la intervención, también la mayoría de norteamericanos (desinformados) apoyaron la invasión de Vietnam, y ésta no parecía muy razonable. En último término, un gobierno elegido por la mayoría no puede violar los derechos de las minorías, pues en eso consiste el Estado de Derecho.

El Cabanyal no debe ser partido por la prolongación de Blasco Ibáñez. En primer lugar porque el impacto dañino sería desproporcionado, desde el punto de vista patrimonial desde luego, pero sobre todo desde la perspectiva humana, pues se está jugando con la vida de las personas, muchas de ellas mayores. En segundo lugar porque, a pesar de la insistencia interesada del gobierno del Ayuntamiento de Valencia, ni la prolongación es necesaria, ni es de interés general.

Existe cierto empeño por parte de este gobierno -y cuenta con la inestimada y muy interesada colaboración del canibalismo constructor-, en la destrucción metódica de los espacios que en Valencia todavía guardan equilibrio y belleza. No responder a la imposición de una ciudad fea y sin personalidad, no protestar más decididamente contra la información mentirosa que nos degrada como personas y como pueblo, no apoyar los actos de participación pacífica, democrática, arriesgada, de nuestros conciudadanos, ése sí es un síntoma de muerte cívica. No dejemos que suceda.

Fernando Flores Giménez es profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València y miembro de la Plataforma Salvem El Cabanyal.

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