Un rector catalán que sancionó a una docente por usar el castellano será juzgado por prevaricación Una profesora que repartió exámenes en español fue apartada de la selectividad

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tarragona ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el rector de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Lluís Arola, por un presunto delito de prevaricación. El rector sancionó (con el apartamiento de la correción de la selectividad) a una profesora que facilitó copias de los exámenes en castellano. El auto judicial se expresa en términos muy duros y descalifica la normativa interna de la universidad de Tarragona que regula el uso de las lenguas en el recinto académico.

El auto de apertura de juicio oral fue dictado el 11 de febrero, pero su contenido no trascendió hasta ayer. En este trámite el juez también insta a la acusación y la defensa a que presenten sus escritos de conclusiones provisionales. En la resolución el juez emite contundentes afirmaciones que ponen en cuestión la política lingüística de la universidad y recuerda que "cualquier norma que implique limitación de usar el idioma castellano es inconstitucional" y que cualquier alumno tiene "el legítimo derecho" a utilizar el idioma castellano. El juez Pedro Antonio Casas considera que la actuación del rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV) se enmarca en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con penas de entre 7 y 10 años de inhabilitación a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

Fuentes judiciales explicaron ayer que la petición de la fiscalía contra el rector será de ocho años de inhabilitación. El caso llegará en los próximos días a la Audiencia de Tarragona, que señalará la fecha del juicio y celebrará la vista.

El auto de apertura de juicio oral no sólo supone un mazazo, al Reglamento de Usos Lingüísticos del Catalán de la URV, sino también al conjunto de las normas lingüísticas de la Generalitat. En este sentido, el juez explica que los alumnos tienen "legítimo derecho" a utilizar el idioma castellano, por lo que la profesora no incurrió en falta alguna, y como consecuencia la sanción a la docente, que fue apartada el pasado año de las pruebas de corrección, no tendría base.

A raíz de lo expuesto, el juez asegura que "es obvio que cualquier norma que implique limitación de usar el idioma castellano es inconstitucional" y que, por tanto, tampoco tendría base actuar contra quienes denunciaran la situación de preeminencia del catalán en las pruebas.

Marginar a disidentes

El juez llega a la conclusión de que la resolución dictada por el rector Lluís Arola y el coordinador de las pruebas de selectividad (PAAU), Joan Igual, estaba "encaminada a la marginación de profesores disidentes o incómodos", aun sabiendo los ya acusados que dicha resolución era injusta. Ésta es la justificación del juez para calificar la actuación de los dos cargos de la URV como prevaricadora.

Si el auto de apertura de juicio oral contra el rector Lluís Arola es terminante y duro, no lo es menos otra resolución dictada el pasado 23 de marzo por el mismo juez instructor a propósito del recurso que presentaron los abogados defensores contra esa decisión, que ha sido desestimado.

Según el juez, el rector y el vicerrector Estanislao Pastor -que fue exculpado al no mediar en el conflicto- utilizaron "con fines bastardos" el nombramiento de los profesores que integran los tribunales calificadores y que ni siquiera escucharon las razones de los dos profesores apartados de las pruebas -de los cuales sólo una denunció el hecho-, lo que vulneraba el principio de defensa. Además, el juez instructor asegura que "estas ilegalidades, groseras por afectar a principios del más elemental conocimiento", se ven acrecentadas con "el olvido de múltiples normas" del procedimiento administrativo.

Fuentes cercanas a la defensa de los integrantes del equipo rector explicaron por su parte su extrañeza ante el auto del juez, que tacha de inconstitucional una cuestión sobre la que no se ha pronunciado, precisamente, el Tribunal Constitucional.

La defensa del rector Arola continuará sosteniendo que éste cumplió las normas administrativas que rigen el funcionamiento de la Universidad Rovira i Virgili.