La huelga de funcionarios de Justicia paraliza 30.000 juicios en Canarias

"La Justicia en Canarias está muerta". Con esta frase resumió el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinoso, el caos en que se encuentra la Administración de Justicia en las islas a consecuencia de la huelga que mantienen sus funcionarios desde hace más de un mes. El pulso que mantiene este colectivo con el Gobierno canario, que tiene transferidas las competencias, entró la pasada semana en un callejón sin salida, tras finalizar las negociaciones sin que ambas partes lograran un acercamiento en sus posturas.Los funcionarios iniciaron el paro para reclamar un incremento salarial -cifrado en torno a los 600 millones- y una mejora de las condiciones de trabajo, que pasan por el aumento de personal y la aplicación de un real decreto del Gobierno autónomo que establece "la modernización y mejora de la Justicia". El Ejecutivo, por su parte, se ha negado a subir el sueldo a los funcionarios, alegando que "son los segundos mejor pagados" del país", según el consejero de Presidencia Julio Bonis.

Lo cierto es que el paro está bloqueando la Administración de Justicia en las islas, ya que más de 30.000 juicios se han visto paralizados por la medida de protesta y otros 100.000 procedimientos -entre ellos el registro de nacimientos- se han dejado de tramitar, según datos del comité de empresa. Ante la gravedad de la situación, el pasado jueves se reunió la Mesa de Seguimiento, integrada por la clase judicial al completo -el Gobierno no estuvo pese a la invitación-, y acordó solicitar la intervención directa del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Mesa volverá a reunirse mañana para reconducir las negociaciones.

De momento los funcionarios, después de haberse manifestado en calzoncillos el pasado viernes ante la Presidencia del Gobierno, han anunciado otra movilización para el próximo día 30 de marzo.