Los ecologistas acusan a Aguas del Júcar de licitar el trasvase al Vinalopó sin ser definitivo

La sociedad estatal Aguas del Júcar, SA, creada por el Ministerio del Medio Ambiente para construir y gestionar infraestructuras hidráulicas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), vulneró la ley de contratos del Estado al licitar las obras del trasvase Júcar-Vinalopó antes de que el proyecto fuera definitivo. Así lo entiende, con los estatutos de la empresa en la mano, la asociación Ecologistas en Acción, integrada en la Plataforma para la Defensa del Júcar.

El pasado 31 de diciembre se anunció la licitación de las obras del trasvase, obra prevista en el Plan Hidrológico del Júcar para paliar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó pero muy criticada por los colectivos ecologistas y por los regantes de La Ribera porque contempla el envío de hasta 80 hectómetros cúbicos anuales de agua desde el embalse de Cortes hasta las proximidades de Villena.Según el anuncio de Aguas del Júcar (Ajusa), la obra se dividía en siete concursos para otros tantos tramos con un importe total (sin IVA) de 32.499 millones de pesetas. Y también se licitaron otros tres concursos de "asistencia técnica a la dirección técnica y control de calidad de las obras" por otros 672 millones.

Sin embargo, tres meses después de la licitación la obra todavía carece de declaración de impacto ambiental, por lo que el proyecto no es definitivo y no cuenta con un Acta de Replanteo, condición necesaria para poder sacar a concurso una obra pública. "Cuando esté lista la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente se podrá aprobar el proyecto técnico", asegura Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, "luego, tras recorrerse el trazado de la obra a lo largo de todo el kilometraje y se vea que no hay ningún inconveniente, la Administración podrá firmar el Acta de Replanteo", documento imprescindible, según el artículo 129 de la ley, para poder tramitar el expediente de un concurso.

Ya el pasado 20 de enero los ecologistas anunciaron la ilegalidad a Ajusa, pero desde la firma, según Ecologistas en Acción, se les aseguró que una sociedad estatal funciona como sociedad anónima y puede licitar las obras como lo haría cualquier empresa privada.

De hecho, si el ministerio comenzó en 1997 a crear sociedades estatales en cada cuenca hidrográfica fue para que éstas pudieran ejecutar obras con mayor agilidad, endeudarse al construirlas sin supeditarse a los presupuestos de la Administración pública, crear sociedades mixtas y hasta privatizar la gestión de los recursos hídricos.

Sin embargo, Ecologistas en Acción afirma que los estatutos de Ajusa recuerdan que la firma "se regirá por el ordenamiento jurídico privado salvo en las materias a las que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación". Y así se lo ha comunicado a la ministra Isabel Tocino, a la que han pedido la dimisión del consejero delegado de Aguas del Júcar, Francisco Ruiz de la Torre.