Magistrados y políticos admiten la necesidad de reformas en el Supremo

Las propuestas de redefinición de funciones del Tribunal Supremo y de reformas legislativas para delegar algunas competencias en los tribunales superiores de justicia formuladas por un grupo de magistrados fueron bien acogidas por la generalidad de las instancias judiciales y de los grupos políticos, y es compartida por el Consejo General del Poder Judicial, organismo que tomó la iniciativa de recabar sugerencias de reformas para la justicia.

El borrador sobre la reforma de las actuales competencias del Tribunal Supremo propone en primer lugar que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas tengan mayores atribuciones -que conozcan de recursos de casación en determinados supuestos- para descargar al Supremo del excesivo número de asuntos que llegan a sus salas.El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, afirmó a Europa Press que el Supremo debe jugar "el papel que le corresponde", pero puntualizó que la reforma no debe ser "un simple trasvase de asuntos de un lado a otro" y que antes de acometer reformas, el Supremo debería garantizar su papel actual, y "no dictar sentencias contradictorias, o que lleguen fuera de tiempo". También sugirió que el Supremo trata de emular al Constitucional.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas, señaló, según Efe, que sería pertinente que parte de los recursos que actualmente recaen en el Tribunal Constitucional pudieran resolverse por el Supremo, que está "totalmente bloqueado" en estos momentos.

Representantes del PSOE, IU, CiU y BNG, que asisten como observadores a una reunión de Jueces para la Democracia en Toledo -a la que excusaron su presencia observadores del PP-, abogaron por dotar de mayores competencias a los tribunales de justicia autonómicos.

Otras fuentes del Tribunal Supremo y del CGPJ consultadas ayer por este periódico coincidieron en que deben revisarse las mismas competencias que el Tribunal Supremo mantiene desde el siglo XIX para hacer frente al volumen de asuntos que tendrá en el siglo XXI. Estas fuentes recordaron que la comisión de seguimiento del Libro Blanco de la Justicia del CGPJ "va en esa línea".

Acuerdo del presidente

El borrador fue elaborado por un grupo de magistrados de cada sala entre los que se encuentran José Almagro y Alfonso Villagómez, magistrados de lo Civil; Enrique Bacigalupo y Adolfo Prego, de la Sala Penal, y Ramón Trillo, José Manuel Sieira y Segundo Menéndez, de lo Contencioso. La Secretaría de Gobierno lo repartió por correo electrónico a todos los magistrados, "cumpliendo el acuerdo" del presidente del Supremo, Javier Delgado.

Los magistrados formularán en 20 días las propuestas que estimen oportunas sobre el texto, que serán estudiadas por la Sala de Gobierno y dictaminadas por el Consejo del Poder Judicial. Será este organismo el encargado de transmitir al Parlamento y al Ejecutivo las sugerencias del Supremo y de otros tribunales a los que pidió opiniones sobre reformas.

El borrador estudia también la introducción de una cuestión prejudicial, a plantear, en su caso, por los tribunales superiores antes de dictar sentencia, y un recurso de amparo a resolver por la propia jurisdicción -y no por el Tribunal Constitucional,- cuando se denuncie la violación de un derecho fundamental en el curso de un proceso judicial.

En materia penal, el documento propone que el recurso de casación penal se reserve contra sentencias que impongan penas de excepcional gravedad -más de 10 años o de 15 de ejecución- y contra sentencias dictadas por audiencias provinciales en "delitos de especial significación constitucional" como prevaricación, cohecho, malversación, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.