El juez exige a la CEV la contabilidad en la que registró el uso de fondos de formación

El juez que investiga el destino de los fondos de formación que la patronal valenciana gestionó entre 1993 y 1995 solicitará a los responsables de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) la entrega de la contabilidad llevada por la entidad entre 1993 y 1997. El magistrado Francisco Barber, a instancias del fiscal encargado del caso, Vicente González, pretende profundizar en el objeto del procedimiento judicial: averiguar si la patronal pudo utilizar indebidamente cerca de 200 millones de pesetas. La CEV asegura no contar con un registro sobre el movimiento de esos fondos.

La petición del juez, que aún no se ha hecho efectiva, responde a la solicitud cursada por el técnico encargado de rastrear el uso final de las subvenciones, Joaquín Falomir. El inspector de Hacienda considera "totalmente insuficiente" para la realización de su trabajo la documentación aportada al sumario del caso por, además de la CEV, las otras dos asociaciones investigadas: La Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev) y la patronal autonómica, Cierval.Por ello, Falomir, "para el inicio de la pericial encomendada y sin perjuicio de ulteriores peticiones", considera "esencial" el estudio de una amplia panoplia de documentos: Desde la contabilidad entre 1993 y 1997 de las tres organizaciones involucradas en el procedimiento hasta los justificantes de subvenciones o las cuentas corrientes utilizadas para la gestión de esos fondos.

La solicitud de esta documentación no deja de ser polémica. De hecho, los colectivos de empresarios negaron su existencia. Falomir no comparte esa afirmación. "Con relación a la petición de contabilidad, aunque parece que la CEV y Cepymev niegan la llevanza de la misma, existen en el sumario multitud de indicios de la existencia de las mismas". El técnico recuerda, en ese sentido, varias alegaciones de CEV ante el Tribunal de Cuentas, los propios estatutos de la patronal y el libro de actas de ésta, que "identifica a dos contadores".

Cuentas bancarias

El inspector de Hacienda fue designado por el magistrado para intentar determinar en qué utilizó la CEV cerca de 200 millones de pesetas que la Fundación para Formación Continúa (Forcem) - un organismo gestionado por el Estado, los sindicatos y la patronal- le entregó entre 1993 y 1995. Primero la Consejería de Trabajo en 1995, tanto con el gobierno del PSPV como con el del PP, y después la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, detectaron indicios de un fraude en el uso de las subvenciones manejada por la patronal.

El Tribunal de Cuentas aún fue más lejos en sus conclusiones. El organismo radicado en Madrid, encargado de supervisar el correcto gasto de los fondos públicos, concluyó que la CEV cobró cursos inexistentes y duplicó o cuadriplicó facturas para multiplicar, supuestamente, de forma irregular, sus ingresos procedentes de Forcem. El entonces presidente de la CEV, José María Jiménez de Laiglesia, y su secretario general en la confederación, Luis Espinosa, negaron ante el juez cualquier irregularidad.

A pesar de ello, éste último dimitió de la presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, un organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores, por su imputación en el caso. Su cese no ha detenido la investigación. Y Falomir, un inspector de gran competencia, según fuentes cercanas al caso, podría reactivar el asunto con sus peticiones. El técnico aconseja que la CEV "debería identificar cuáles son los justificantes de la totalidad de subvenciones, porque en su caso éstas quedarían sin justificación, por lo tanto, sin acreditación del cumplimiento de la finalidad".

El perito no sólo pide justificantes y la contabilidad. Además, exige a las tres entidades los libros de actas de la junta directiva y el comité ejecutivo de las organizaciones, la "certificación de cuentas bancarias abiertas" en el periodo investigado y las "personas autorizadas en las diversas cuentas y periodos para realizar operaciones y régimen de firmas".

Ésta última petición no es baladí. Jiménez de Laiglesia, Espinosa y el resto de dirigentes o técnicos de la patronal que han comparecido en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia han negado cualquier mandato directo sobre los fondos. Incluso Espinosa, responsabilizado por muchos de sus ex colaboradores de esa parcela de gestión, también se desmarcó en su declaración ante el juez. Ahora, el perito puede contribuir a resolver el enigma.