Ibarretxe propone una consulta popular para que los vascos decidan sobre su futuro

El lehendakari, Juan José Ibarretxe, propuso ayer al presidente del Gobierno central, José María Aznar, un pacto de Estado que, partiendo del Estatuto de Gernika, reconozca el derecho de los vascos a decidir sobre su futuro en una consulta popular. Ibarretxe, en su primera intervención pública en Madrid tras las elecciones del 12-M, precisó que su iniciativa no propugna "ni la independencia ni la Constitución actual". La consulta popular ratificaría, dijo, una reforma del Estatuto de Gernika consensuada entre todos los partidos vascos, y llegaría tras un alto el fuego definitivo de la banda terrorista ETA.

Ibarretxe expuso ayer en el Club Siglo XXI, once días después de las elecciones del 12-M, su propuesta de solución al "conflicto vasco" en una conferencia titulada "Un punto de encuentro para convivir. Euskadi-España ante el siglo XXI". Una intervención que iba a celebrarse a finales de noviembre del año pasado, pero que Ibarretxe aplazó al sorprenderle la ruptura del alto el fuego de ETA. Su propuesta es el primer reto desde el nacionalismo vasco al presidente José María Aznar tras la reciente victoria electoral de éste por mayoría absoluta. Ningún representante del Gobierno central acudió, sin embargo, al Club Siglo XXI a escuchar a Ibarretxe. Aznar tampoco tiene previsto, por el momento, recibir al lehendakari, y ha advertido de que, tras los últimos asesinatos de ETA, no tiene intención de dialogar con ningún miembro del PNV mientras la formación que lidera Xabier Arzalluz no rompa con el Pacto de Lizarra.

El lehendakari recupera en su propuesta las bases del llamado Plan Ardanza de pacificación, que el anterior lehendakari, José Antonio Ardanza, expuso a Aznar en La Moncloa en enero de 1998. Pero también introduce elementos de la ponencia soberanista que el PNV aprobó en su última asamblea nacional.

La clave de la propuesta de Ibarretxe consiste en la búsqueda de un punto de encuentro entre todos los partidos vascos, sin excepción, que sería ratificado en una posterior consulta popular. Para ello propone la constitución de una mesa de diálogo en la que participen todas las formaciones políticas.

Para tener validez este punto de encuentro, tendría que cumplirse una serie de condiciones que Ibarretxe explicita en las siguientes: la primera, una nueva tregua por parte de ETA. Tras ella, lograr el consenso mayoritario de los partidos sin prejuzgar las opciones de partida; que se admitan los marcos de convivencia logrados hasta ahora, en referencia al Estatuto de Gernika, y que el acuerdo al que lleguen los partidos pueda ser incorporado al ordenamiento jurídico a través de un pacto de Estado con una interpretación abierta y dinámica de la Constitución.

Hasta ahí, la propuesta de Ibarretxe es deudora del Plan Ardanza. Como también lo es cuando parte de la premisa del reconocimiento desde España de la existencia de un "problema vasco", basado en un conflicto histórico que Ibarretxe remonta a 1839, con la "quiebra del principio de libre adhesión" del País Vasco a España. En su exposición, el lehendakari insistió en que la aprobación de la Constitución por sólo el 30,8% de los vascos es la confirmación de que el "conflicto vasco" está pendiente de resolución.

Su iniciativa también es deudora del Plan Ardanza cuando propone como condición previa "la renuncia a la violencia, a la coacción y al chantaje para imponer nuestros objetivos o nuestra solución a la otra parte". De hecho, el lehendakari precisó que ETA debe conceder una nueva tregua unilateral y comprometió a su Gobierno a trabajar para lograrla.

Pero su propuesta también recoge un aspecto clave de la ponencia soberanista del PNV, aprobada en diciembre pasado: el reconocimiento del ámbito vasco de decisión, o derecho a la autodeterminación de Euskadi. Ibarretxe predeterminó en su conferencia que "el punto de encuentro que puede responder a las condiciones anteriores es el reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas vascas para decidir libre y democráticamente su futuro". En otro momento señaló que el punto de encuentro no lo visualiza "ni en la independencia ni en la actual Constitución".

El presidente del Gobierno vasco concibe el punto de encuentro como la definición de un nuevo Estatuto de autonomía, partiendo de los marcos jurídicos actuales, "no sólo en términos de haber competencial, de tener para hacer, sino sobre el principio del reconocimiento del ser para decidir".

El lehendakari propone finalmente la ratificación del reconocimiento del derecho a la autodeterminación a través de una consulta popular en un escenario, no ya de tregua terrorista, sino de "ausencia total y definitiva de la violencia". Luego vendría la incorporación, mediante un nuevo pacto de Estado, de la decisión de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico.

La pregunta clave, a juicio de Ibarretxe, sería: "¿Si los ciudadanos vascos, en base a la existencia de unos derechos históricos propios que ampara y respeta la Constitución, ratificasen mediante consulta popular el derecho a decidir libre y democráticamente su propio futuro, el recocimiento de este derecho y su ejercicio tendrían cabida en el ordenamiento jurídico? ¿Esta reivindicación tiene cabida en un Estado de Derecho?. ¿Tiene cabida en la Constitución?".