La demanda contra el Constitucional por designar 'a dedo' llega al Supremo
La demanda interpuesta ayer ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la abogada Encarnación Martínez Segado considera "incompatible con la defensa de los derechos fundamentales" la negativa del Tribunal Constitucional a convocar concurso-oposición para cubrir plazas de letrado, ya que es contraria a la ley y al derecho constitucional al acceso igualitario a cargos públicos.La recurrente avisa al Supremo sobre el posible ardid del Constitucional, interesado "en perpetuar el sistema de nombramiento a dedo", de que gran número de plazas del concurso-oposición queden desiertas y se continúen cubriendo por libre designación.
Una vez que el recurso contencioso-administrativo por la vía de la protección de los derechos fundamentales fue admitido a trámite por dicha Sala del Supremo y rechazada la no admisión del mismo solicitada por el Constitucional, la letrada formalizó ayer su demanda. En el recurso, la demandante evalúa la respuesta recibida en 1999 a su petición de que se convocara el concurso-oposición para la designación de letrados, previsto en el artículo 97.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El secretario general del Tribunal Constitucional, con el visto bueno del presidente, contestó que "no existe ninguna disposición general que obligue al Tribunal Constitucional a realizar la convocatoria" y que la conveniencia de tomar o no esa decisión "es una de las más características expresiones de las potestades de autoorganización, como especie de las potestades discrecionales".
Respuesta "chocante"
La letrada recurrente considera tales términos "chocantes, al provenir de una institución a la que el ordenamiento jurídico erige en pináculo de la protección de los valores constitucionales" y evalúa la respuesta como "elaborada desde una perspectiva (...) incompatible con la defensa de los derechos fundamentales".
Martínez Segado recuerda que el precepto mencionado señala que "el Tribunal Constitucional estará asistido por un cuerpo de letrados constituido por medio de concurso-oposición" e invoca la igualdad de oportunidades consagrada por la Declaración de Derechos Humanos de 1789 y por la Constitución española en su artículo 23.2 (los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos") y 14 ("los españoles son iguales ante la ley").
Frente a la designación de letrados "a dedo", Martínez Segado esgrime la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contraria a la situación de hecho que ha permitido que "en la actualidad haya 33 letrados que han entrado por la puerta falsa de la libre designación". La recurrente invoca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, y, según el cual, el acceso a la función pública se realizará "en igualdad de condiciones".
