Pena de ocho años de inhabilitación para un ex edil de Castellbisbal

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 8 años de inhabilitación al concejal de Urbanismo de Castellbisbal de entre 1989 y 1992, Joan Sardà Margarit, por un delito de prevaricación al intervenir en la adjudicación de unas obras a la empresa fundada por su padre en 1984, SICSA, junto con otros dos socios.

Sardà Margarit (CiU), que lleva desde 1995 desvinculado de la política, fue acusado de prevaricación junto con el alcalde Joan Playà y otro concejal, Juan Uceda, ambos independientes, aunque tras el jucio se retiró la acusación contra los otros dos políticos porque quedó probado que desconocían que la empresa SICSA fuese propiedad de la familia de Sardà cuando se adjudicó la obra municipal. El alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, afirmó ayer: "La sentencia demuestra que tanto el concejal Uceda como yo no teníamos nada que ver con estos hechos y es una confirmación que nos permitirá cerrar un capítulo después de muchos años en que planeaba sobre nosotros una duda porque parecía que hubiésemos hecho algo incorrecto cuando no era así".

Playà, que no quiso entrar en valoraciones sobre la actuación del ex concejal de CiU, afirmó que "cualquier persona que se dedica a la política municipal tiene que tener muy claras sus vinculaciones con empresas o cualquier otro tipo de entidades".

Tanto el concejal Uceda como el acusado Sardà Margarit no ocupan ya cargos municipales, pero el alcalde sí. Tras conocer la sentencia, declaró: "Ha sido como liberarme de una carga formalmente para poder cerrar una etapa".

La sentencia también impone a Sardà la perdida de todos los honores que le confería el cargo de edil. Además el tribunal ha instado la apertura de un expedieinte para que Sardà reciba también una sanción administrativa por incumplir la ley de incompatibilidades al simultanear durante años su cargo público con otro en la empresa familiar.

Sin sanción penal

El concejal se ha librado de una sanción penal porque la Audiencia de Barcelona entiende que la incompatibilidad de cargos no es de suficiente gravedad como para considerarla delictiva.

Los hechos juzgados sucedieron en julio de 1992 cuando la comisión de gobierno de Castellbisbal, de la que Sardà formaba parte como miembro del equipo de gobierno, adjudicó la construcción de unas obras en el alcantarillado del municipio a la empresa SICSA, propiedad del padre del edil condenado, por un importe de 6,4 millones de pesetas. Esta misma empresa había concursado con anterioridad para adjudicarse otras obras, pero sin éxito.

El caso fue denunciado por el partido socialista en 1993 y la vista oral se realizó en diciembre de 1999. En ese momento el fiscal ya retiró los cargos contra el alcalde, Joan Playà, y el otro concejal.