El Supremo de EE UU desautoriza a Clinton para limitar la venta del tabaco

El Tribunal Supremo de EE UU ha propinado un revés a la política antitabaco del Gobierno de Bill Clinton. En una inesperada sentencia ha establecido que el tabaco no es una droga susceptible de ser controlada como tal y, por tanto, que el principal instrumento de control gubernamental, la FDA (la agencia estatal que regula los alimentos y los medicamentos), carece de autoridad para regular el comercio de esta sustancia. La victoria de las tabacaleras (que ayer subieron en Bolsa), concedida por cinco votos contra cuatro, implica además que la capacidad de regular la comercialización de este producto pasa a depender del Congreso, en manos de la menos beligerante oposición republicana.

La sentencia establece, fundamentalmente, que el Gobierno carece de autoridad para regular el tabaco como si fuera una droga adictiva. De esta manera deja a la FDA sin potestad alguna en la regulación del consumo de tabaco y devuelve ese poder al Congreso, el lugar en el que ha estado en las últimas décadas hasta que Bill Clinton intentó arrebatárselo hace cuatro años. La autoridad renovada del Congreso para cualquier tipo de regulación sobre la venta y consumo de cigarrillos deja las iniciativas en manos de la mayoría republicana, la formación política más cercana al poderoso interés económico de la industria tabacalera.

Aunque el Supremo "no pone en duda la gravedad del problema que la FDA intenta corregir", la sentencia establece que el Congreso "claramente ha establecido que la FDA carece de jurisdicción para regular los productos del tabaco". El tribunal reconoce a la FDA sus trabajos para demostrar "que el consumo de tabaco, especialmente entre los niños y los adolescentes, plantea la que quizá es la mayor amenaza a la salud pública". Sin embargo, termina la sentencia, "está claro que el Congreso no ha otorgado a la FDA la autoridad que ha tratado de ejercer". Ante este fallo, el vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia, Al Gore, se mantuvo firme en su postura de principal abanderado en la lucha contra el tabaco y recordó: "El tabaco es una de las más adictivas sustancias que ha conocido el hombre y debe ser regulado como una droga".

El presidente Clinton -que se encuentra de visita en la India- reaccionó en Nueva Delhi a la noticia con un llamamiento al Congreso para que vuelva a reconsiderar una propuesta de ley que fue rechazada en 1998 y que tiene como fin proteger a los niños del tabaco.

El conflicto de autoridad se remonta a 1938. Una ley de ese año establecía que la FDA -el Gobierno- sólo tendría capacidad para regular el consumo de tabaco si los fabricantes dijeran en algún momento que fumar es bueno para la salud, cosa que obviamente nunca ha ocurrido. La FDA renunció siempre a cualquier intervención en la regulación del tabaco amparándose en esa ley, pero se desdijo en 1996 a instancias del propio Bill Clinton. El organismo gubernamental estableció entonces que tenía autoridad reguladora sobre el tabaco porque las pruebas documentadas en los últimos años demostraban que los fabricantes diseñaron el producto con la intención de enganchar a los consumidores a través de la nicotina, lo que convertía el tabaco en una droga merecedora de su jurisdicción. Amparándose en la misma ley de 1938 -que le otorga autoridad para controlar "cualquier producto que afecte a la estructura o a cualquier función del cuerpo humano"- clasificó el tabaco en el apartado de drogas.

Una vez tomada esa decisión, Clinton trató de imponer restricciones a la venta de tabaco, y especialmente dos de sus propuestas encresparon a los fabricantes. El Gobierno quería que en los establecimientos en los que se vendiera tabaco se pidiese una identificación a cualquier persona que tuviera el aspecto de tener menos de 27 años, para asegurarse de que había cumplido la mayoría de edad. También se prohibieron las máquinas expendedoras de tabaco salvo en lugares en los que sólo esté permitido el acceso a los adultos. La industria acudió a los tribunales.

Los abogados de las tabacaleras explicaron que al no tener los cigarrillos ningún valor terapéutico, si se le concede a la FDA autoridad reguladora estaría obligada a prohibir de inmediato el consumo de tabaco. Esta teoría ha demostrado su lógica porque incluso los jueces que han disentido de la sentencia admiten que no se debe ilegalizar el consumo de cigarrillos.