Jospin propone elevar el plazo de cotización de los funcionarios para garantizar las pensiones

La presión social surgida en la izquierda francesa está forzando al Gobierno de Lionel Jospin a plantear con mucha prudencia las reformas necesarias para la modernización del Estado. Interpelado por un asunto como el de las pensiones que, después de año y medio de estudio, no admite ya más demoras, el primer ministro anunció ayer la "apertura de una negociación" sobre la "propuesta" de homologar el tiempo de cotización de los funcionarios, actualmente 37,5 años, a los 40 establecidos en el régimen general de la Seguridad Social."Prolongar el tiempo de cotización garantizaría las pensiones de los funcionarios sin que la colectividad tenga que asumir una nueva carga, pero el Gobierno no quiere imponer una solución", dijo ayer un Jospin consciente de que se movía en terreno minado, tan explosivo socialmente que tres primeros ministros (Michel Rocard, en 1991; Édouard Balladur, en 1993, y Alain Juppé, en 1995) ya se han estrellado al intentar resolverlo.

Jospin repitió ayer que defiende "las pensiones por repartición" porque corresponden a su "modelo de sociedad", pero anunció también que, sin recurrir a la capitalización, "el Estado, sin ceder a las facilidades, a menudo ilusorias, de la especulación, examinará cómo los productos y dividendos que produce el patrimonio del Estado pueden aumentar el fondo de reserva" que ha de permitir pagar pensiones que la demografía pone en peligro: "A finales del 2000, el fondo dispondrá ya de más de 20.000 millones de francos [medio billón de pesetas]".

La consigna del primer ministro de "dialogar y hacerse comprender y no imponer nada por la fuerza" manda sobre los propósitos reformadores, en este momento en el que las dinámicas centrífugas desatadas en la izquierda atacan la credibilidad del Ejecutivo. A riesgo de quedar atrapado en el inmovilismo, el Ejecutivo de la izquierda plural acaba de capitular en toda regla ante los funcionarios de Hacienda, opuestos a una reforma administrativa considerada como punta de lanza de la necesaria modernización del Estado.

El comunicado con el que el ministro de Hacienda, Christian Sautter, ha oficializado la renuncia ilustra el clima de resignación con invocaciones al "bloqueo sindical", a la "responsabilidad" gubernamental y a la "preocupación" de los ministros en el "apaciguamiento" de la situación. Mortificado por la decisión de Jospin, Sautter se ha planteado dimitir, según Le Monde.

Paradójicamente, las reivindicaciones sociales destapadas al calor de la bonanza económica y las torpezas de algunos miembros del Gobierno están poniendo en aprietos al Ejecutivo mucho más que lo que cabe atribuir a la oposición. Debilitado él mismo en los sondeos, Jospin se aplica a la tarea de apaciguar las revueltas aguas del electorado de izquierdas y restañar las fisuras más notables de su Gabinete.